Ecuador inició una nueva investigación para determinar si Petrobras incurrió en violaciones que obliguen a la reversión de sus concesiones, dijo este martes el ministro de Petróleo, Jorge Albán.

La indagación busca corroborar las acusaciones previas de una comisión gubernamental en el sentido que Petrobras PETR4.SA PBR.N vendió el 40 por ciento de sus operaciones a la japonesa Teikoku Oil 1601.T sin el aval oficial y explotó irregularmente un yacimiento en disputa con la estatal Petroecuador.

La postura de la comisión abrió el camino para que las autoridades hablen sobre la posibilidad de declarar la caducidad del contrato de exploración y explotación de crudo vigente con Petrobras y la pérdida de las concesiones de las que extrae unos 35.000 barriles diarios (bpd).

Albán, sin embargo, resolvió realizar una nueva pesquisa antes de adoptar una resolución final, sin especificar que instancia del ministerio o los técnicos que están realizando el análisis de la información vinculada con las acusaciones que enfrenta la compañía brasileña.

"No, no", dijo Albán al ser consultado respecto a si ha encontrado causales para iniciar un proceso de caducidad del contrato de Petrobras. "Hay que pasar por una observación detenida de orden jurídico y técnico antes de adoptar una resolución".

Una eventual declaratoria de caducidad dependerá del resultado de la investigación en marcha, según Albán, con lo que dejó en entredicho los pronunciamientos de la comisión que dieron pie para que el procurador general, Xavier Garaicoa, especulara sobre la expulsión de Petrobras del país.

"Son informes preliminares y tienen que ser procesados. A partir del nuevo informe y si hay indicios sólidos se iniciará el proceso (...) No habrá un manejo extraño", agregó Albán, quien ejerce el cargo interinamente.

No existe plazo para la finalización de la averiguación dispuesta por Albán.

Petrobras, que ha rechazado las acusaciones y demandado ser informada adecuadamente de los procesos instaurados en su contra, opera el bloque amazónico 18. También espera una autorización ambiental para explotar el bloque 31 en la misma región.

Un proceso similar se prevé será aplicado contra la firma española Repsol YPF REP.MC, que fue acusada por una entidad gubernamental que investiga actos de corrupción de no cumplir con sus compromisos operativos en la explotación de un campo marginal en la región amazónica.