Hace varios meses me sorprendí con una noticia. Era del ofrecimiento de dos millones de dólares por parte del presidente de Petroecuador, Carlos Pareja, y un grupo de amigos para “salvar” a uno de los clubes de fútbol más importantes de nuestro país; cuando en realidad a ese club lo que le falta no es dinero sino un buen dirigente que acierte con los jugadores que contrate.

Quisiéramos pedirles a dicho funcionario y sus amigos que mejor ayuden al sistema regional de agua potable de los recintos Los Ángeles, Valdez, y El Descanso, en la provincia de Los Ríos, con menos del 2% de lo que ellos ofrecían al club de fútbol.

Acá urge hacer un nuevo pozo de agua para más de 300 familias de los tres recintos.

Acá no existe ayuda de las autoridades de Los Ríos, ya que como es de conocimiento público, los políticos nos visitan en épocas de campañas.

Para hacer mantenimientos y cambios de motores y bomba, por ejemplo, solo contamos con el esfuerzo de gente humilde (usuarios) de este rincón de la patria, para que esta junta de agua esté con vida y suplir en algo una necesidad básica tan importante para todos nosotros.

Washington Allo Buenaño,
parroquia Patricia Pilar, cantón Buena Fe, Los Ríos

Creo que el Gobierno está en un gran dilema; cómo desbaratar la inmensa maquinaria que sustenta el problemático pero sustancioso abastecimiento y desabastecimiento de gas licuado (GLP) en el país.

Está claro, crece el consumo interno doméstico y vehicular, y el externo por ambas fronteras, en consecuencia aumentan las importaciones para suplir el déficit porque por algunas razones, o se interrumpe la producción en las refinerías o se atrasó un buque que traía GLP a nuestros tanques flotantes o, por cualquier otra razón, los usuarios sufrimos otro desabastecimiento como en estos días en Guayaquil y alrededores, antes en Quito y Pichincha.

Así sucesivamente por todo el país, pero lo cierto es que la gran maquinaria continúa mejorando sus ingresos. Mientras tanto el gas natural sigue quemándose en el Oriente y digamos “ranciándose” en el golfo. El Ecuador enérgicamente sigue aumentando su atraso, Cuenca parece que está reaccionando, quiere tener un gasoducto desde el golfo para reemplazar los grandes cilindros en las industrias y edificios por líneas de gas natural como cualquier ciudad moderna.

En cambio Guayaquil tiene empresas de gas licuado que están instalando esos grandes cilindros (bombas) de GLP en ciudadelas y edificios.

Guayaquil podría también traer gas natural del Golfo y con empresas especializadas comenzar a planificar su modernización energética, vislumbre usted amigo lector cuántos problemas nos evitaríamos.

Para el Municipio sería un gran negocio y Guayaquil daría un gran paso en su modernización y regeneración urbana. Claro que tomará un tiempo, pero comencemos, organice usted señor Alcalde, usted y su equipo tienen la capacidad. Algo similar aunque con otra fuente de gas le he comunicado al alcalde Moncayo de Quito, uno de los dos tiene que dar el primer paso.

Marco Piedra Rodas,
doctor, Guayaquil

En Ancón, Santa Elena, provincia del Guayas, desde hace más de 50 años existe una red de distribución de gas para cada una de las viviendas. Si los políticos insisten en que se debe subsidiar el gas con un sistema de redes de distribución (que debe ser más económico que permitir que se escape por las fronteras norte y sur), ahí se puede focalizar sobre la base del consumo; si de verdad son de escasos recursos económicos, no deberían consumir más de 15 kilos por mes, (que era el consumo normal para mi familia de seis miembros, y gracias a Dios teníamos las tres comidas diarias).

En base al consumo pueden determinar el valor del kilo. Con el sistema de redes de distribución del gas se ahorraría dinero al no tener que importar más bombonas para el envase y transporte del GLP; además contribuiría a la ecología porque ya no tendrían que estar gastando combustible en la transportación de los cilindros, sería más viable.

Pablo V. Cisneros,
Nueva York, EE.UU.

Edwin Moncayo Ordóñez,
ingeniero, Guayaquil

Susana Andrade Baird,
Manta

Los problemas nacionales del Ecuador en vez de resolverse con el transcurrir del tiempo, por el contario, se mantienen y hasta empeoran como es el caso del gas, lo cual es grave dada la alta importancia que tiene este producto para todos los ecuatorianos.

El problema de fondo es el subsidio y siempre se habla de los intentos de focalizarlo, pero han pasado gobiernos, gente brillante como autoridades encargadas de ver este tema, sin embargo poco y nada se ha hecho. Es inconcebible que teniendo el Estado la base de datos que tiene, no se pueda precisar qué familias son las que realmente tienen necesidad de este bien.

Cuando hablo de base de datos me refiero al bono de la pobreza, IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), y SRI (Servicio de Rentas Internas); para lo cual nos pueden decir que no todos los que están allí son los que necesitan realmente el gas, pero sería una base de presión para que los informales se formalicen, o que en todo caso la Subdirección de Energía y Minas abra oficinas de atención para los que no están en esas bases y puedan registrarlos.

Con la tecnología de información que vivimos hoy, se pueden cruzar estas bases de datos y determinar con mayor precisión (que no será del 100%) los beneficiarios reales, y entregarles un cupón que puede venir anexado a la planilla de luz, o como en el caso del bono de la pobreza, lo entreguen al cobrar el bono o en las oficinas de la mencionada Subdirección.

Soluciones, las hay, y es el colmo que el Ecuador llegue a los 200 años de su Independencia y no tenga solucionado este problema y deje de ser un dolor de cabeza menos para los ecuatorianos.

Abel Valarezo Pine,
economista, Guayaquil

Algunas apreciaciones que se han emitido cuestionan si la aplicación masiva y obligatoria de la vacuna antiamarílica que se efectuó recientemente en Guayaquil, fue epidemiológicamente necesaria o se la realizó como propaganda política gubernamental.

En la segunda guerra mundial, “El Doctor Muerte”, Mangele, de las huestes hitlerianas, fue llamado así por sus experimentos aparentemente científicos con judíos, que al final terminaban con la muerte; este fue juzgado después del triunfo de los aliados y también condenado a muerte. Posteriormente y en épocas recientes, en algunos países con conflictos políticos por guerrillas, se restringieron o suspendieron los tratamientos contra enfermedades de transmisión selvática con el fin de capturar a los enfermos que salían en busca de atención médica a los centros urbanos y apresarlos o eliminarlos. En Nicaragua, en la guerra llevada a cabo contra Somoza, se suspendió el tratamiento en las áreas montañosas donde los guerrilleros adquirían la leishmaniasis cutánea (lepra de montaña) o el paludismo.

En Ecuador, en el gobierno del Dr. Borja, su ministro de Salud el Dr. Naranjo, autorizó la vacunación masiva contra el paludismo a P. falciparum, en una área rural de la provincia de Esmeraldas, con una vacuna experimental del Dr. Patarrollo, sin respetar los pasos científicos sugeridos por la Organización Mundial de la Salud para este tipo de inmunizaciones; y sus resultados fueron negativos ya que se expuso a la población a riesgos innecesarios por la aplicación de esta hipotética vacuna; no se protegió a la población, los vacunados siguieron enfermándose, y el paludismo en las áreas vacunadas continuó su curso normal pese a este tipo de medida. En este caso ni siquiera se realizó el seguimiento epidemiológico respectivo.

Estos ejemplos constituyen la demostración clara de la utilización de medidas de salud con claros fines políticos. Refiriéndome a la reciente vacunación antiamarílica masiva y obligatoria realizada en Guayaquil, surge la duda razonable de si esta medida de protección fue justificada o no. Las vacunaciones masivas solo son aplicadas cuando hay riesgo evidente de una epidemia para prevenirla, o cuando esta epidemia ha sido declarada como medida complementaria.

En el Ecuador se indica que los últimos casos de fiebre amarilla selvática, no urbana, se presentaron en el año 2000 y que en el periodo de 1980 a 1990 solo se registraron diez casos en humanos siempre de origen selvático, y en las provincias de nuestro Oriente; todas fueron diagnosticadas a tiempo y en ninguna ocasión hubo epidemia urbana. Es verdad que en Guayaquil existe el transmisor urbano de dengue y fiebre amarilla, el Aedes aegypti, hay transmisión y casos de enfermos de dengue pero jamás en más de 30 años se presentó un caso de fiebre amarilla autóctono, o sea con transmisión urbana en esta ciudad.

Los enfermos con fiebre amarilla en su etapa clínica, por la gravedad de la infección salen presurosos a los centros de salud urbanos en busca de atención médica, donde si son diagnosticados a tiempo se podrían salvar sus vidas; ellos no permanecen en sus casas como elementos contagiantes, como sucede con otras enfermedades infecto-contagiosas. Como conclusión, existe el vector pero no hay enfermos de fiebre amarilla. En consecuencia, no hay peligro alguno para tomar medidas de protección masiva como la efectuada.

Justo Cerón,
Guayaquil

En la nueva Constitución que se expedirá se debe ratificar la reestructuración de todos los ministros de las cortes superiores, tribunales y juzgados del país, conforme dispuso anteriormente la Corte Suprema de Justicia por intermedio del CNJ (Consejo Nacional de la Judicatura), lo que hasta la fecha no se ha cumplido.

La ciudadanía está harta de tanta corrupción de administradores de justicia; si no se los coima no despachan los juicios, los retienen en el olvido, pasan los meses, años, y se da con eso opción para que los presos que no han recibido sentencia soliciten su libertad, quedando los delitos en la impunidad.

En esto la nueva Constitución debería reformar el artículo 24, numeral 8, parte última, en el sentido de que todo detenido que no haya sido sentenciado en seis meses o un año, y obtenga su libertad por falta de despacho del juez o Tribunal, estos sean destituidos por permitir dejar en la impunidad los delitos. Ya es hora de que la Función Judicial sea renovada con profesionales nuevos, con nuevos proyectos, y no por los mismos funcionarios de siempre, como si no hubieran otras personas capaces, honestas y eficientes; pero lo grave es que jueces que han sido destituidos por corrupción, por obra de magia son restituidos; o sea que la corrupción borra y va de nuevo. Eso es una ofensa a la ciudadanía que clama justicia.

Igualmente se debería reformar el artículo 193, parte última de la Constitución, en el sentido de que cuando el juez o magistrado retarde la administración de justicia, sea suspendido tres meses sin derecho a sueldo.

Sonia Vélez Alcívar,
Guayaquil

G. Elizabeth Moncada Baidal,
Guayaquil