Esta semana se prevé integrar la Unidad Transitoria de Gestión que se encargará de impulsar temporalmente la Defensoría Pública y el decreto de emergencia carcelaria.
Según explicó el ministro coordinador de la Política de Seguridad Interna y Externa, Fernando Bustamante, “esta será una estructura de emergencia temporal” hasta que el Congreso expida la Ley Orgánica de la Defensoría Pública Nacional, según el decreto. Al momento, se encuentra en una segunda fase de selección de técnicos.
Cerca de 40 millones de dólares se invertirán en la rehabilitación del sistema penitenciario que incluye contratación de abogados para defensoría pública, instalación de juzgados penales ocasionales por dos años, construcción de cárceles, mejoramiento de atención médica, infraestructura, bienestar social y pago de servicios básicos de los centros.
La subsecretaria de Políticas Sociales del Ministerio de Coordinación Interna y Externa, Valentina Ramia, dijo que se realizan coordinaciones con los ministerios de Bienestar Social, Gobierno, Educación, Economía, Salud y Agricultura.
Con estas entidades se pretende establecer programas de protección para los internos que permitan su reeducación, reinserción, rehabilitación y la autogestión de los centros. De este modo, expresó, se cumple con el artículo 7 del decreto de emergencia.
Ramia agregó que el Ministerio de Educación y la Dirección de Rehabilitación trabajan en una propuesta educativa a nivel integral para los presos. La intención es que todas las instituciones que apoyan a las cárceles, como organizaciones no gubernamentales, consejos provinciales y municipios, se acoplen a un modelo de rehabilitación único.
Planes
Fondos
El Ministerio de Economía estudia un mecanismo que permita la permanencia de recursos para el decreto. En análisis se encuentra la creación de un fideicomiso. No se define aún si se utilizarán fondos de la Fundación Dragados de la Autoridad Portuaria.
Refugio
El Ministerio de Bienestar Social creará una red de ubicación alternativa a través de la cual un reo de la tercera edad –que se beneficie del indulto– que no tenga familia pueda ser ubicado en las casas de acogida.
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