La autogestión no es suficiente para dar mantenimiento a los diferentes proyectos.
La emergencia declarada en el trasvase de aguas del río Daule hacia la península de Santa Elena, por un derrumbe ocurrido en Cerro Azul que bloqueó el paso del líquido, mantiene a la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Guayas (Cedegé) gestionando con el Ministerio de Economía los recursos necesarios para solucionar el percance.
La entidad no cuenta con fondos suficientes, pese a que opera esta obra y cobra a los usuarios de la Península por el uso del líquido para riego y –a través de las empresas Aguapen e Hidroplayas– para consumo humano.
Solo para las tareas de mantenimiento de esta obra se requieren unos $ 6 millones, pero muchos de los beneficiarios del servicio (en total se riegan 6.000 hectáreas) adeudan a la institución, explica Miguel Riofrío, director de Cedegé.
Los escasos fondos que se obtienen por autogestión, entonces, “hacen que no se le dé el mantenimiento adecuado, sino superficial”, indica.
La situación se torna más complicada en proyectos en los que Cedegé no puede cobrar, como los situados en la cuenca baja del Guayas, los cuales fueron edificados para el control de inundaciones. La Ley de Aguas, según el funcionario, les faculta a cobrar solo por las infraestructuras construidas para riego, de ahí que para estas últimas depende del Estado.
Este año el presupuesto asignado por el Gobierno fue de $ 9 millones, incluyendo gasto corriente (sueldos, administración); y de estos, $ 2,5 millones deben destinarse a la cuenca baja, pero tampoco le han sido transferidos.
En tanto, otros planes de riego operativos (ver gráfico) están en manos de juntas de usuarios, que son las encargadas de manejar esos sistemas, cobrar por el uso del agua y darles mantenimiento.
El proyecto Catarama, situado en Los Ríos, sin embargo, es un caso particular. Fue construido por la empresa Hidalgo e Hidalgo e inaugurado por Cedegé en octubre del 2002, pero no beneficia a los agricultores como fue concebido.
La junta de usuarios que debería administrarlo no opera, pues no aceptó recibir la obra aduciendo que “está incompleta”, comenta Édgar Ayala, un agricultor de la parroquia Ricaurte, en esa provincia.
Cedegé reconoce que faltan “obras complementarias (compuertas, sifones)”, y por ello se encarga de su mantenimiento. Sin embargo, no hay quién cobre por el uso del líquido y, por consiguiente, de dónde obtener recursos para que esta tarea se realice de forma integral.
“Aquí no funciona. Usted ve este canal, pero el que quiere toma agua como puede, no es que le llega a la finca directo. Como estoy lejos de aquí me toca usar bomba y gasto harto”, cuenta Patricio Guerrero, quien posee 60 hectáreas, entre cultivos de arroz, maíz y soya, en el sector Los Gramales.
A Édgar Ayala, otro productor de la zona, en cambio, sí le llega el líquido a su finca a través de un canal construido junto a sus terrenos y adecuaciones hechas por él, pero asegura que a menudo se llena de maleza. Y otros tramos de este proyecto, de hecho, lucen taponados.
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