El Concope estima que las entidades de desarrollo invaden su área de trabajo.
La desaparición de la cartografía que integró la documentación para la licitación de la segunda fase del proyecto de riego Carrizal-Chone es la más reciente novedad en torno a este proyecto, en el que existiría un sobreprecio de $ 40 millones.
La licitación y la obra son tareas del Centro de Reconversión de Manabí (CRM) que, según informaciones del Ministerio de Economía, gastó $ 3,4 millones en el 2006 solo en pagos de personal.
Una obra de provisión de agua potable para Portoviejo y Rocafuerte, que debió concluir en 1993, todavía vive denuncias de incumplimiento del contrato; mientras a la presa Poza Honda, obra emblemática del CRM, le crecen lechuguines y unos 700 mil habitantes de Portoviejo, Manta, Montecristi, Jipijapa, Jaramijó, Santa Ana y Rocafuerte que consumen sus aguas están afectados por la contaminación.
En el Congreso, la legisladora de El Oro, Rosa María Loayza, habla de fiscalizar supuestos actos de corrupción en las últimas administraciones del Programa Regional para el Desarrollo del Sur. La Contraloría encontró en el 2006 irregularidades en algunos contratos.
Los planes del Centro de Reconversión Económica del Austro (CREA) y del Predesur no despegan, decía una publicación de junio pasado en diario El Comercio. La acción del CREA, según la nota, se reduce a hacer planes y estudios, con pocos proyectos en ejecución; y el alcalde de Paute exigía una reingeniería de este, el más antiguo de los organismos regionales de desarrollo ORD (creado en 1958), mejor conocidos como “entidades autónomas”.
Y el Programa de Desarrollo del Sur (Predesur), por su parte, tendría los días contados en virtud del plazo de seis meses que le diera el presidente Rafael Correa para reanimarse.
El Instituto para el Ecodesarrollo Rural Amazónico (Ecorae) vivió durante los dos últimos años un pequeño escándalo en torno a la figura de uno de sus últimos directores, Álex Hurtado Borbúa, primo hermano del entonces presidente Lucio Gutiérrez, cuya acción en el Ecorae fue materia de investigación en la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), bajo la acusación de financiar “estudios inoficiosos que no contribuyen en mínima parte a la solución de los problemas de la región” e incluso la Primera Cumbre de Turismo efectuada en Galápagos, en mayo del 2002. El propio Hurtado calificó al Instituto como “la caja chica” de los políticos de la región.
¿Sobrevivirán a la nueva Constitución estos organismos regionales de desarrollo ODR, mejor conocidos como “entidades autónomas” que, a decir de una de las comisionadas del Conesup que prepara un proyecto de Constitución, María Paula Romo, no tienen control alguno y constituyen una “organización paralela” dentro del Estado que debe desaparecer?
A más de algunos comisionados –Romo y Javier Tomalá– los consejos provinciales y municipios están proponiendo su desaparición, en virtud de que actúan en suplantación de los gobiernos locales.
Son trece ODR, cubren gran parte del territorio nacional. Fueron creados, ya sea al calor de las malas conciencias gubernamentales sobre la suerte de las regiones excluidas del sur-oriente, por presión local contra el centralismo (el paro provincial de 1962 en Manabí), para facilitar por fuera del Estado central la administración de grandes proyectos de riego o para reemplazar al desaparecido Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (Inerhi) en 1994, sustituido por cinco nuevas entidades autónomas dentro de los afanes privatizadores en el gobierno de Sixto Durán-Ballén (1992-1996).
Hasta el 2003, estas entidades recibían el 40% de los recursos entregados por el Estado al sistema seccional autónomo, que incluye a los consejos provinciales y a los ORD, además de los recursos que, por endeudamiento internacional, captan los organismos más grandes.
En síntesis, los ODR duplican las responsabilidades que corresponden a los consejos, representan una dispersión de recursos y destinan gran parte de sus presupuestos a gastos corrientes.
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