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12.341 presos permanecen sin sentencia en los 38 centros |
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| En el pabellón de Cuarentena permanecen hacinados cerca de 900 presos. | | |
| Julio 08, 2007
QUITO
De enero a junio de este año, en materia penal, 8.429 presos fueron sentenciados y 12.341 permanecen aún sin sentencia, según datos del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).
De los 12.341, el 62% (7.614) corresponde a procesos por delitos de reclusión y su trámite se da entre los 7 y 8 meses (la ley prevé hasta un año), mientras que el 38% (4.727) son causas por delitos de prisión que se gestionan entre 3 y 4 meses (la ley prevé 6 meses). Así lo señala el director ejecutivo del CNJ, Gustavo Donoso, quien afirma que aún no están en mora de dictar sentencia, porque todavía no se cumplen los plazos estipulados por la ley.
Un estudio que elabora Projusticia sobre la gestión de la administración de Justicia hasta el 2006, estima que en Guayas y Pichincha se concentra la mayor cantidad de procesos. “A duras penas” se resuelve el 45% de estas causas. El 55% restante se acumula para el siguiente año, dice Néstor Abril, coordinador de este organismo.
Según Projusticia, cerca del 90% de solicitudes de prisión preventiva son aceptadas por los jueces, es decir, no hay un filtro que discrimine si amerita o no la medida cautelar. Esta debe ser de excepción y no la regla general al iniciar un trámite legal, se agrega.
José Vaca, vocal del CNJ, asegura que el retardo se da ante la reforma “irracional” que se dieron al Código de Procedimiento Penal (CPP) y otorgaron a los fiscales facultades sin dotarlos de los recursos e impide darle al juez una información clara.
El fiscal del Guayas, Antonio Gagliardo, dice que el “cuello de botella” se da en los tribunales penales que solo hay cinco y no se dan abasto para cubrir los procesos que se suspenden en más de una vez por la ausencia de jueces, fiscales, imputados, acusadores o testigos.
Además, no todas las judicaturas están modernizadas. En la Sierra el 54% de las dependencias no tiene internet, en la Costa la carencia es del 75%; en la Amazonía del 95% y en Galápagos los procesos son manuales. Otro problema es el presupuesto ($ 147 millones) que impide contratar más funcionarios.
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