En las 38 cárceles del país faltan programas, equipos e infraestructura.
El sudor y las conversaciones de más de diez mil personas se mezclaban la tarde del pasado miércoles entre los corredores, celdas, pabellones y recovecos de la Penitenciaría. Era día de visita y cerca de siete mil reos recibían a familiares, en su mayoría esposas, hijos o madres.
Las instalaciones deterioradas e inseguras parecían “temblar” al soportar la marea de gente que parece haberse acostumbrado al hacinamiento, insalubridad y corrupción. Una problemática que ha imperado por décadas en este y los otros 37 reclusorios del país.
El pasado 23 de junio el presidente Rafael Correa escogió el patio del pabellón B del penal García Moreno, en Quito, para firmar un decreto de emergencia carcelaria para tomar medidas y necesarias para remediar las deficiencias del sistema. Una declaratoria que 16 días después sigue sin ejecución, pues las medidas “emergentes” aún no se ejecutan mientras la crisis continúa en los centros.
Los llamados “refugiados”, reos que son trasladados de otras cárceles por mala conducta o voluntariamente, son uno de los problemas más graves en la Penitenciaría. A diario ante el director de la cárcel de varones de Guayaquil, Juan José Hidalgo, acuden reos que, temblorosos y suplicantes, claman por un cambio de celda antes que las amenazas de muerte se concreten.
Pero a todos nos se les “puede parar bola”, a decir del jefe de guías, Antonio Fuel, porque no hay dónde reubicarlos debido a que los 24 pabellones y el área destindada pra el policlínico están saturados con 5.923 reos, que representan la mayor población carcelaria en el país y que es custodiada escasamente por 120 guías, sin armas, chalecos ni radios, falencias que han causado la fuga de reos.
Hay 125 reos enfermos, algunos de tuberculosis, VIH y mentales que viven en el llamado policlínico. “Hay cinco locos que no reciben tratamiento porque en el hospital psiquiátrico Lorenzo Ponce no hay un área para estos detenidos, así que los regresan”, menciona Amelia Gordón, asistente de esta área que almacena solo medicamentos genéricos.
A esto se añade la deuda de 12 millones de dólares con Interagua que retuvo las cuentas de la DNRS y ocasionó que desde hace tres meses los empleados penitenciarios cobren sus horas extras. Este problema espera ser solucionado por Mercedes Lozada, directora de Control y Supervisión de la Dirección de Reforma y Rehabilitación Social Penitenciaria de la Gobernación del Guayas.
Lozada indica que ha presentado informes detallados sobre la situación de las cárceles de varones y mujeres y el Centro de Detención Provisional (CDP) ante el gobernador Camilo Samán, la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS) y el director de la Penitenciaría, Juan José Hidalgo, pero “lamentablemente” aún no se ejecutan los correctivos.
En el decreto se menciona la integración de una Unidad Transitoria de Gestión, dependiente y adscrita a la Presidencia que se encargará de impulsar, temporalmente, la Defensoría Pública en el país; conocer la real situación de los presos sin sentencia, los de prelibertad y los sentenciados, mejorar la atención médica son, entre otros, parte de los cambios que se impulsarán. Pero no se menciona si habrá una depuración de malos funcionarios.
Además, el Ministerio de Economía aún estudia un mecanismo que permita la permanencia de fondos. En análisis se encuentra la creación de un fideicomiso y no se define aún si se utilizarán fondos de la Fundación Dragados de la Autoridad Portuaria de Guayaquil.
En la declaratoria se señala que en 60 días el Ministerio Público en coordinación con el Consejo Nacional de Rehabilitación Social (CNRS) deben presentar a la Presidencia la nueva política de administración penitenciaria a corto, mediano y largo plazo.
Pero el director nacional de Política Penal e integrante del CNRS, Mario Segovia, dice que no han sido llamados por el Presidente, por lo que aún desconocen cuales son las políticas de estado. “Si el Gobierno no considera al organismo (CNRS) que de acuerdo a la ley debe dar su opinión estamos divididos”, dice tras recalcar que en el Fondo de Ahorro y Contingencia (FAC) hay 8 millones de dólares congelados como consecuencia de tres decretos de emergencia emitidos años atrás y que no se los ha viabilizado.
Pese a ello el decreto, que aún no ha sido publicado en el Registro Oficial, ha provocado expectativa en los 16.716 reos y sus familiares, a nivel nacional. Expectativas falsas, a decir de algunos abogados, pues los presos creen que a todos “les abrirán las puertas” sin que la mayoría haya sido rehabilitado.
Gloria Torres, entenada de la fallecida Soledad Rodríguez (ex directora de la cárcel de varones) y miembro de la comisión creada para proponer cambios en el sistema carcelario, considera difícil combatir en corto plazo la corrupción enquistada hace años. “Hablan de contratar abogados para favorecer a los reos, pero no de acabar con las mafias”.
Cifras
16.716
internos. Ese es el número existente en las 38 cárceles del país.
320.882
causas. Esa es la cantidad de procesos en todas las áreas en el 2006, según datos del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).
44.714
causas. Ese el volumen en el ámbito penal que ingresó el año pasado a nivel nacional.
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