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Régimen no logró apoyo total a ley |
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| QUITO. Durante el debate de la reforma a ley bancaria, el diputado del bloque de la Dignidad Nacional, Iván Ortiz (i), dialoga con su compañero de bancada, Miguel Castro. | | |
| Julio 06, 2007
QUITO
Costos bancarios. El Legislativo ratificó 8 puntos objetados por el régimen. Las denuncias de compra de votos volvieron al Congreso, que tendrá periodo extraordinario el 13 de julio.
En una sesión conflictiva de nueve horas, que se suspendió anoche, el Congreso Nacional logró tramitar gran parte del veto parcial que el Ejecutivo impuso a la Ley de regulación del costo efectivo del crédito.
Los diputados insistieron en ocho artículos y disposiciones que fueron objetadas por el Gobierno; lo más destacado: ratificaron la reforma aprobada en el Congreso que le otorga a la Superintendencia de Bancos la capacidad de regular los costos de los servicios bancarios.
En tanto, se allanaron a cuatro artículos propuestos por el régimen. Sin embargo, el debate sobre el artículo 12, que fija el mecanismo para calcular las tasas de interés, se estancó por falta de acuerdos.
Durante el debate, una serie de denuncias de diputados opuestos al Gobierno circularon en el recinto legislativo. Algunos aseguraron que el hombre del maletín estuvo en los corredores del Congreso.
El presidente del Parlamento, Jorge Cevallos (antes Prian), convocó a periodo extraordinario para el 13 de julio para juzgar políticamente al ministro de Economía, Ricardo Patiño, y retomar el debate.
Hubo dos mociones de los diputados Clemente Vásquez (PSC) y Carlos González (ID), que no tuvieron respaldo. El primero mocionó allanarse al veto parcial del art. 12; mientras el congresista azuayo propuso allanarse a excepción del segundo inciso del artículo en mención, porque, supuestamente, esos textos no fueron tratados por la Legislatura.
El plazo para aprobar el cuerpo legal es el 25 de julio.
Según lo aprobado, el costo de los servicios que brindan las instituciones financieras no será regulado por la Junta Bancaria, como establecía el veto.
La Superintendencia de Bancos calculará las tarifas por los servicios prestados, con base en dos desviaciones estándar a partir de un promedio.
Los legisladores insistieron en la reforma a la Ley de Instituciones Financieras –referente a los servicios– tal como la habían aprobado. El Gobierno, en cambio, buscaba que la Junta Bancaria fijara las tarifas máximas, prescindiendo de ese método de cálculo.
Además, el artículo 9, tal como lo ratificó ayer el Congreso, prohíbe a las instituciones financieras cobrar comisiones por la entrega de créditos, e impide, además, el cobro por los servicios legales directos.
El Legislativo se allanó a la objeción al art. 4, con lo que agricultores, artesanos y pequeños industriales sí deberán presentar su calificación de riesgo para acceder a créditos del Banco Nacional de Fomento y de la Corporación Financiera Nacional.
Con el allanamiento, el Congreso da paso, además, a que se retome el sigilo bancario sobre cierta información crediticia de usuarios de la banca.
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