Pacifictel está llamando por teléfono al usuario, solicitándole acercarse a sus oficinas para que rectifique su dirección.

A uno le dicen: “Tiene incompleta su dirección domiciliaria”, pero lo que al parecer sucede es que cierto personal cuando ingresa a la computadora los datos lo hace a medias, aunque uno sí les da la información completa.

Yo no me acerqué porque ese error era de ellos y les dije que les dictaría en esos momentos por teléfono los datos, pero me contestaron que por esa vía no se recibía la rectificación. Mi línea luego se interrumpió y llamé a la telefónica para que la chequearan. Me indicaron que para darme trámite debía ir primero a rectificar mi dirección domiciliaria. Tuve que hacerlo por escrito comprando formularios y luego pidiendo que me los llenaran afuera de la entidad, en un portal. Luego entregué ese papel a Pacifictel y después de ocho días tuve la línea.

Al mes de eso me telefonearon para pedirme que vaya nuevamente a ver lo que había rectificado. Como no fui, me llamaron otra vez amenazándome que si no iba me cortarían la línea (esta se la adquirió hace 40 años). Tal fue mi sorpresa que al presentarme me entregaron el contrato, el cual debí legalizarlo a un costo de  7,30 dólares, valor  que fue recargado en la planilla como “cambio de dirección”.

En un escritorio tenían una ruma de contratos con el mismo problema.
Esa es una forma de robar. Espero que ya no me llamen a decir que mi dirección está mal.

Margarita Esteves S.,
Guayaquil

Vi con indignación el show montado por cierto diputado quien, en un intento de supervivencia política, oficializó una denuncia penal en contra del Presidente de la República por los delitos de injurias calumniosas y atentado contra la seguridad interna del Estado.

Partiendo de la segunda demanda, es importante darse cuenta de que las opiniones vertidas por el Presidente de la República coinciden con el sentir popular, e incluso, con declaraciones de la mayoría de candidatos a la Asamblea Constituyente.

Como forajido recuerdo con orgullo aquel grito que inundaba las calles de Quito, en abril del 2005: “¡Que se vayan todos! Aquella consigna era una exigencia ciudadana que emprendía un cambio profundo en la colapsada estructura orgánica del Estado ecuatoriano.

La consagración de aquel sentimiento fue el triunfo del sí en la consulta popular de este año, el que constituye un mensaje contundente de rechazo al Congreso y a la partidocracia allí representada.

Considero que el susodicho legislador debe entender que lejos de constituir una amenaza a la seguridad interna del Estado, la disolución del Congreso es indispensable para el proceso constituyente que el Ecuador atraviesa.

Miguel Molina Díaz,
Quito

Masticando espumarajos de bilis, el presidente Rafael Correa, en su habitual cadena radial sabatina, arremetió contra los diputados por no apoyar sus proyectos de ley remitidos al Legislativo, y con un tono de urgencia en la voz sentenció que la Asamblea Constituyente tendrá que disolver el Congreso.

Mientras tanto, el pueblo ecuatoriano, sin saber por dónde empezar a asombrarse, escuchó al Presidente decir con claridad meridiana, desde el Palacio de Gobierno, que con la calidad de diputados que tenemos han negado la ley para controlar el contrabando de combustibles y que durante la discusión de la Ley de Justicia Financiera los banqueros daban órdenes para que cambien de posición y se vendan al mejor postor.

Profundizando su mensaje, el Presidente quedó en paz consigo mismo al anunciar a los cuatro vientos que frente a esta clase de Congreso, la Asamblea en su primer día tendrá que disolverlo, porque el mismo es una vergüenza para el país. Tienen la palabra los diputados aludidos y los candidatos a asambleístas.

Raúl Córdoba Avilés,
Quito

Roland Díaz Chano,
ingeniero, Guayaquil

Los docentes, padres y alumnos de la zona rural de la península de Santa Elena estamos inconformes ya que hemos llegado al tercer mes de clases y nuestra paciencia se ha agotado, por cuanto los textos escolares –una vez más– llegaron con mucho retraso y ahora se proyectó capacitarnos para su uso del 2 al 6 del presente mes, cuando con tiempo habíamos sugerido  que se lo haga los primeros días de clase.

Nos sentimos engañados porque habiendo presentado la documentación para el retiro de la segunda asignación económica del año pasado, hasta la fecha no nos la dan.

Las autoridades deben comprender que toda gestión les cuesta a los padres de familia. Hemos viajado hasta cinco o más ocasiones y la respuesta de siempre es “Espere a que salga en las listas”.

Finalmente nos dicen que ya no hay dinero para las escuelas faltantes. ¿Por qué no tienen nuestros alumnos los mismos derechos que los demás?, ¿qué ha pasado con los dineros que el Ministerio puso a disposición con tanta publicidad prohibiendo el cobro por autogestión?

Los encargados de distribuir las asignaciones de este año lectivo desconocen la ubicación de los planteles, pues a varias escuelas de Colonche les han enviado los recursos a la parroquia Simón Bolívar, cuando debieron mandarlas al colegio Palmar para no causarnos problemas en la transportación.

También continúan los famosos contratos de trabajo para los docentes que ingresan, los mismos que abandonan sus aulas para reunirse con los posibles gestores de sus nombramientos, causando vacíos en la enseñanza y malestar de los padres de familia.

Solo nos queda esperar que las autoridades educativas nos respondan urgente y eviten que las comunidades afectadas sigamos pensando que la corrupción también se ha “congratulado” con la educación. ¡Hasta cuándo padre Almeida!

José Borbor Arias,
profesor, Colonche

León Jacinto Erazo Díaz,
licenciado, profesor, Yaguachi