Un total de 83 personas ha muerto en Panamá después de ingerir medicinas fabricadas en china contaminadas con toxinas y se espera que la cifra aumente, dijo ayer un fiscal.
Panamá está investigando los casos de 540 personas que se sospecha que enfermaron después de utilizar un jarabe para la tos o una de las otras tres medicinas que el año pasado se descubrió que estaban contaminadas con dietilenglicol, una sustancia que habitualmente se utiliza como anticongelante.
"Hasta hoy tenemos 112 casos que han resultado positivos. Hay 83 muertos y 29 aún vivos", declaró Dimas Guevara, el fiscal especial que lidera la investigación sobre cómo fueron alterados los medicamentos.
Cada vez hay más preocupaciones en Estados Unidos y América Latina frente a la seguridad de los productos chinos después de una serie de retiros y prohibiciones de productos que van desde juguetes infantiles a dentífrico.
Panamá retiró de circulación en octubre las medicinas contaminadas, pero confirmó que las muertes por las toxinas han aumentado debido a que más enfermos han fallecido y los investigadores han exhumado los cadáveres de posibles víctimas para realizar pruebas.
"Aún estamos esperando más de 200 exámenes clínicos", comentó Guevara a Reuters. "La cantidad de muertos va a aumentar y la cantidad de afectados va a aumentar", agregó.
El fiscal señaló que investigaría las muertes de otras 387 personas que posiblemente estarían relacionadas con las toxinas y que el jueves le presentaron otros siete casos nuevos.
Medios locales informaron que un hombre de 60 años que falleció la semana pasada es la última víctima confirmada. El anciano enfermó en noviembre tras consumir un medicamento contaminado.
La investigación de Guevara comenzó en octubre, en medio de sospechas de que funcionarios panameños habría colaborado con los proveedores chinos para hacer pasar el dietilenglicol como glicerina, un edulcorante de uso común.
Desde entonces, tres personas han sido condenadas por su participación en el caso y otras 13 se encuentran bajo investigación, entre ellas el ministro de Salud Camilo Alleyne.
En medio de acusaciones de complicidad del Gobierno, la administración del presidente Martín Torrijos anunció en marzo que entregaría 6 millones de dólares como compensación a las víctimas y sus familias. Los primeros pagos fueron efectuados el lunes.
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