Olade (Organización Latinoamericana de la Energía), en su estudio sobre la focalización del subsidio al gas, propone hacerlo a través del consumo de energía eléctrica.

Según sus números (en eso coincido) eso haría que el déficit por el subsidio se reduzca en más de 300 millones de dólares para beneficio del país. Pero el problema del gas no es solo económico; tiene otras aristas que deben considerarse si se quiere que la solución no sea más costosa que el problema. Aunque hoy existan distorsiones en el consumo del gas, el subsidio llega a los consumidores más pobres. Si acogemos la propuesta de Olade, de focalizar desde el consumo de energía eléctrica, habrá que ver que no todos los ecuatorianos tienen servicio eléctrico. Si bien la cobertura nacional del servicio es del 90%, es a ese 10% sin servicio ubicado en zonas olvidadas, al que no se le provee energía, y hoy con la propuesta de Olade tampoco tendrá subsidio al gas y se profundizarían las inequidades. El servicio de energía no está caracterizado por su eficiencia, más aún si se consideran las pérdidas comerciales evidenciadas durante años, conexiones clandestinas y más irregularidades, que hacen predecir que quienes han logrado escatimar recursos de las empresas eléctricas, podrían recibir como premio, además, un subsidio adicional en el gas. Al atar ese subsidio del gas con el pago de la planilla de luz, la propuesta de Olade se sostiene en la ventaja empresarial de que el consumidor tendrá o querrá pagar los dos servicios de forma simultánea, lo cual ahorraría costos de tiempos y servicios. Si una familia no tiene recursos para pagar la luz, ahora tampoco podrá comprar gas; o si necesita comprarlo en un momento en que no necesariamente debe pagar la luz, se la estaría obligando a optar por medios tramposos; o si la familia no paga la luz porque la empresa eléctrica no tiene mecanismos para cobrarle, la obligaremos a solucionar las ineficiencias de las eléctricas. Eso no estaría mal, pero es riesgoso que los problemas de los dos servicios se mezclen para en vez de solucionarse, se compliquen. O sea, se quitaría el derecho al ciudadano a elegir qué servicio prioriza, y se lo condenaría a comprar el “combo” luz con gas, que no es práctica socialmente adecuada.

Gustavo Vizcaíno Cabezas,
MBA. ingeniero, Guayaquil