El Gobierno garantizó este miércoles la seguridad a las instalaciones petroleras del país, para impedir que protestas de habitantes en las mayores provincias amazónicas interrumpan la producción de crudo.
Al menos 21 comunidades de la provincia de Orellana, al este de Quito, mantienen desde la semana pasada violentas protestas contra la petrolera PetroOriental, de propiedad del consorcio chino Andes Petroleum, para exigir el cumplimiento de un acuerdo social alcanzado entre las partes el año pasado.
Las manifestaciones de la población han estremecido a Orellana, que alberga a la mayor parte de empresas foráneas que operan en el quinto productor de crudo de Sudamérica, en medio de esfuerzos de los militares para pacificar el área.
"El Estado tiene que garantizar la operación de las petroleras privadas porque son socios. Tenemos que garantizar la operación petrolera en el país", dijo Carlos Pareja, presidente de la petrolera estatal, que representa al país en las relaciones con las empresas.
La presencia de los militares ha impedido que los habitantes invadan los campos de PetroOriental, por lo que su producción de unos 15.000 barriles por día (bpd) no ha sido afectada, según reportes de la compañía.
Los enfrentamientos dejaron el martes nueve militares con heridas graves por disparos de armas caseras y otros dos civiles, según un comunicado de las Fuerzas Armadas.
El Gobierno ha intentado dialogar con las comunidades que demandan puestos de trabajo y obras comunitarias para bajar el nivel de violencia, pero sin resultados. Autoridades exigieron a los manifestantes suspender el paro para evaluar sus pedidos.
"Hay una posición muy agresiva contra las Fuerzas Armadas, la situación es grave. Por esta vía del paro, el chantaje y la violencia no podemos dialogar", dijo el ministro de Energía, Jorge Albán, a periodistas.
Sin embargo, los habitantes de Dayuma y Santa Rosa (en Orellana) denunciaron abusos por parte de los uniformados. Una de las afectadas, Maribel Solórzano, quien presentaba una sutura en la parte frontal de la cabeza, denunció al noticiero de Gamavisión.
La empresa, por su parte, ha afirmado que las exigencias de las comunidades han sido cumplidas y rechazó el nivel de violencia nunca antes registrado en la zona.
Petroecuador y las compañías foráneas, que en conjunto producen unos 530.000 bpd, enfrentan frecuentemente protestas de habitantes en demanda de obras de infraestructura y planes de desarrollo comunitario.
Denuncia de comunidades
Según las comunidades de Dayuma y santa Rosa (provincia de Orellana), ayer pasadas las 16:00, un convoy militar se aproximó a la zona en paro, lo que motivó la agresión de ambas partes, reportó el noticiero de Ecuavisa.
Las comunidades en paro aseguraron que continuarán con las protestas, y responsabilizaron al Gobierno por no cumplir el ofrecimiento de entablar un diálogo entre las comunidades y PetroOriental.
Además, reclamaron que hubo engaño por parte de la comisión del Gobierno, porque al parecer envió al Coca a una funcionaria al Coca y nunca se reunió con ellos, informó Teleamazonas.
Las comunidades exigen a PetroOriental cumplir con un acta de compromiso, suscrita en el 2006 por dos años con los pobladores, para contratar mano de obra local para diferentes servicios y mejoras salariales.
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