Quito "no permitirá que el ejército colombiano siga asesinando ecuatorianos" acusándolos de guerrilleros, dijo este viernes el ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, quien juzgó desmesurada la deportación desde Colombia de reporteros que investigaban uno de esos casos.
"No vamos a permitir que ciudadanos ecuatorianos sean asesinados con el pretexto de que son guerrilleros. Si es que existen pruebas contra ellos, deberán ser sometidos a enjuiciamiento penal y no al asesinato", sostuvo Larrea.
El ministro se refirió al caso del ecuatoriano José Quezada, quien murió a manos de las tropas cuando enterraba explosivos en el lado colombiano de la frontera el 21 de junio, según militares del vecino país, que lo señalaron como insurgente.
Sin embargo, sus familiares negaron que el hombre tuviera algún vínculo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) y dijeron que se trataba de un agricultor que fue abatido y disfrazado como guerrillero.
"Hasta el momento no han podido comprobar que los ecuatorianos asesinados hayan colaborado o sido miembros de las FARC, pero más allá de que existieran indicios o que sean efectivamente guerrilleros, se debe seguir un proceso penal y no una ejecución sumaria", recalcó Larrea.
Según el funcionario, Colombia no es recíproca con la solidaridad de Ecuador con los 14.000 refugiados y miles de desplazados que huyen del conflicto y "son recibidos en el país con las puertas abiertas".
Asimismo, calificó de "desmesurada" la captura y deportación de un equipo de periodistas ecuatorianos que investigaba la muerte de Quezada.
"Entendemos que la zona es complicada, pero no creemos que la respuesta dada es la correcta porque expulsarlos del país y quitarles el derecho de ingresar a Colombia por cinco años es una medida desmesurada", expresó.
"Nuestro reclamo es que en casos similares el Estado ecuatoriano ha recibido a prensa peruana y colombiana de manera reiterada y siempre ha sido un trato amable", agregó.
Según Bogotá, los reporteros fueron devueltos tras ingresar irregularmente en territorio colombiano, aunque el gobierno colombiano pidió explicaciones para esclarecer el hecho.
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