Reunión.

Una urgente penalización  a la injerencia política en la  Función Judicial exigió  ayer el presidente de la  Corte Suprema de Justicia  (CSJ), Jaime Velasco, durante la inauguración de la  reunión de presidentes y  magistrados de la región  andina, que se inició ayer en esta ciudad.

Velasco  dejó implícita –en su discurso– la preocupación del tribunal por los últimos hechos, en los cuales  el partido Roldosista  develó  grabaciones con diálogos entre el titular  de la Corte y el ahora candidato a asambleísta León Roldós, con el diputado del movimiento Pachakutik, Ramsses Torres, y con Patricio Secaira, vocal del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

En el caso de la grabación con Roldós, este le pide una opinión sobre el caso de peculado contra Abdalá Bucaram. Con Torres, sobre su posible juicio político; y con Secaira, sobre su sueldo.

El PRE exige el archivo  de dos juicios que por peculado se sigue en contra  del líder de esa organización y ex mandatario Abdalá Bucaram.

Según Velasco, la ley debe  regular la coacción que se  intente ejercer en los magistrados o jueces. “Es necesario penalizar la violación a las garantías de independencia y de no interferencia a la Función Judicial, y el ejercicio de cualquier coacción o presión  política en contra de jueces  y magistrados por las causas sometidas a su conocimiento y resolución”, dijo.

A juicio del magistrado, no  es admisible que se utilice a  la justicia y se la desfigure  en campañas electorales.

Además, pidió respeto al  Poder Judicial y a su independencia, cuyo tema fue  debatido ayer por los jueces y magistrados de la región andina.

Según el relator especial de  las Naciones Unidas, Leandro Despouy, Ecuador debe respetar los compromisos asumidos y los parámetros internacionales respecto a la independencia  de la Función Judicial, en la  Asamblea Constituyente.

Incluso, Despouy ofreció la  ayuda de las Naciones Unidas en el tema del fortalecimiento de la justicia y del  estado de derecho, si las autoridades correspondientes lo piden.

Según el presidente de la  Corte Suprema de Colombia, César Julio Valencia, la  elección de jueces por concurso de méritos y el sistema de cooptación es el mejor mecanismo para impedir la injerencia política  que existe en su país y en  toda América Latina.