Investigación. Vicepresidente designó a acusado. Aseguró desconocer  sus actividades. 

El apresamiento de Darío Echeverría, integrante del Frente de Profesionales de Alianza PAÍS y secretario nacional de Solidaridad Ciudadana, podría dar pistas sobre la posible existencia de una red de corrupción que estaría operando en algunas instituciones del Estado.

Documentos encontrados en dos casas que fueron allanadas tras la detención de Echeverría indican que él junto con otras personas a su mando habrían presionado a varios municipios del país para que entreguen dinero a cambio de agilizar proyectos locales.

Ayer, José Luis Cortázar, titular de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senacor), no quiso dar detalles sobre esos municipios y proyectos, pero aseguró que la información encontrada en esos inmuebles hace presumir que el caso de Echeverría sería apenas parte de una operación más grande.

Cortázar se reunió ayer con el vicepresidente de la República, Lenin Moreno, quien asumió la responsabilidad de haber designado a Echeverría para el cargo de secretario nacional de Solidaridad. “Él colaboró en la campaña electoral... y en forma particular yo lo seleccioné... sin embargo, las actividades que él estaba cumpliendo son extrañas completamente a la Vicepresidencia”, dijo.

Moreno, quien lamentó haber confiado en Echeverría, confirmó que la detención del ex funcionario se produjo tras una denuncia de Rubén Erráez, alcalde del cantón Camilo Ponce (Azuay), quien manifestó  que le estaba exigiendo el pago de $ 5.000 para agilizar cinco proyectos ($ 1.000 por cada uno) que están detenidos en el Fondo de Solidaridad.

Erráez identificó a Tito Becerra (supuesto colaborador de Echeverría) como la persona a la que debía cancelar el dinero. La Senacor entonces propuso al alcalde colaborar en la investigación. El pago se hizo el martes pasado en un restaurante contiguo al Palacio de Carondelet y ahí se detuvo por delito flagrante a Becerra y luego a Echeverría.