Asamblea. No hay sanciones para quienes no cumplen el mandato de una consulta.

El artículo 103 de la Constitución Política vigente señala que los resultados de las consultas populares son obligatorios si cuentan con el respaldo de la mayoría absoluta de votantes.

Pero el mandato que arroje la que los alcaldes de Guayas plantean efectuar no lo será, según lo admite su principal promotor, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot (PSC).

Según sus asesores jurídicos, el plebiscito propone reformas constitucionales que no es posible hacer por esa vía.

A esto se suma, según el jurista Luis Ávila, que ni la Constitución ni las leyes establecen sanciones para quienes incumplan aquellos pedidos; de ahí que queden, finalmente, como “consejos amistosos”.

Gustavo Medina, miembro de la Comisión de Juristas del Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup), que elabora un borrador de Constitución para la Asamblea, recuerda que la Constituyente tendrá plenos poderes, por lo que puede aceptar o negar las propuestas que reciba.

El ex ministro de Gobierno, Vladimiro Álvarez, expresa que si bien la Asamblea “hará lo que quiera”, pero hasta que “exista una nueva Constitución, tiene que respetar las normas fundamentales de la convivencia en el país vigentes en la actual”.

Algunos de los temas planteados en la consulta ya constan en la Carta Magna, como el respeto a la libertad de expresión y prensa, la elaboración de políticas para el sector agropecuario y el modelo de “economía social de mercado”. De ahí que solo habría que “mantenerlos”, señala Álvarez.

Otros, como implementar la cadena perpetua y sancionar el aborto, son materia de debate de grupos sociales y políticos; y además, serán analizados por la Comisión del Conesup.

“El tema de la cadena perpetua tiene que discutirse vinculándolo al derecho de las personas a la libertad; el asunto del aborto habría que analizarlo desde otro derecho fundamental: el de la vida. No  podemos descartar que ambos sean materia de una  normativa secundaria”, refiere Medina.

La Comisión, asimismo, empezó hace dos semanas el debate sobre la organización territorial. Uno de los análisis que utiliza para definir qué modelo debe implementar el Estado es el proyecto de Ley de Sistemas Autonómicos de Nebot.

Los juristas del Conesup tienen previsto entregar el borrador de la Carta Magna antes de la elección de los asambleístas; esto es, el 30 de septiembre; por lo que no considerarían el mandato de Guayas en el nuevo texto constitucional.

Nebot ha admitido que “no hay garantía de que los planteamientos se recojan en la Constitución..., pero el poder de la Asamblea Constituyente no puede ser superior al pueblo”.

APUNTES: Organización

Sesión
El Consejo Provincial del Guayas analizará el lunes próximo, en una sesión extraordinaria, el pedido de consulta popular efectuado por 25 alcaldes.

Costo
El costo de la consulta, según los cálculos de la Prefectura, asciende a unos $ 460 mil. La organización estará a cargo del Tribunal Electoral del Guayas (TEG).