Desde hace más de un siglo, la sede del gobierno boliviano ha sido La Paz, pero Sucre, una ciudad provincial en la que se asientan los principales tribunales de justicia, desea contar también con el poder ejecutivo y el legislativo.
La propuesta, con pocas posibilidades de prosperar, fomenta las rivalidades que amenazan con dividir Bolivia justo cuando el presidente Evo Morales desea una nueva constitución.
La capital no es un pedazo de pan para vender o regatear, afirmó esta semana el vicepresidente Alvaro García Linera.
García restó importancia a la propuesta de la oposición de trasladar la capital por considerarla una soflama política con el fin de congraciarse con el movimiento autonómico de los estados orientales. Con todo, ha pasado a ser uno de los temas más disputados en la Asamblea Constitucional, y ha puesto al descubierto la rivalidad entre las tierras pobres del altiplano occidental y las zonas orientales bajas, más prosperas.
Cuatro estados orientales, controlados por la oposición, desean más autonomía del gobierno central. Y varios estados petroleros desean una mayor participación de los ingresos por exportaciones de gas que envían ahora a La Paz.
Morales se ha opuesto tenazmente a la autonomía estatal, y en su lugar propuso regiones autónomas para 36 grupos indígenas bolivianos.
Ambas partes se acusan de intentar repartirse el país.
En Sucre, una joya colonial a 410 kilómetros (255 millas)al sudeste de La Paz, fue fundada Bolivia en 1825 y su capital hasta que tras una guerra civil fue trasladada en 1899 a La Paz. Empero, no cuenta con la infraestructura necesaria para albergar la totalidad del gobierno. Por ejemplo, su diminuto aeropuerto cierra al oscurecer su única pista por carecer de luces de navegación.
Los estados orientales sostienen que la posición central de Sucre puede representar mejor que La Paz a la totalidad del país.
La Paz tiene 1,7 millones de residentes y Sucre 250.000.
Ediciones Anteriores
