He vivido en Guayaquil casi toda mi vida. Recuerdo claramente el caos que era el tránsito en esta ciudad. Ahora tenemos áreas que se congestionan, pero en general fluye ordenadamente. Todo es producto de la anterior administración municipal y de la actual.

Yo no vivo ni he vivido nunca en Samborondón pero sí utilizo el puente Carlos Pérez Perasso para ir y volver de la cabecera cantonal de Samborondón y de Durán.  Estoy muy contenta con la forma ágil y ordenada que el tránsito fluye sin la presencia molesta de buses. Ningún ciudadano común se ha quejado por utilizar el PAN. La queja viene de los dueños de transportes, sector que dista mucho de ser indigente, y que se ve forzado a ordenarse e imposibilitados de hacer las paradas prohibidas en media carretera que acostumbran.

¿Es objetivo del Gobierno favorecer a millonarios dueños de transportes, en desmedro de la seguridad, tranquilidad y comodidad de la población? Para los dueños de transportes que reclaman es fácil porque ellos entran y salen de la ciudad sin realmente vivir aquí y sufrir las consecuencias de los permisos que quieren se les otorguen. Esperemos que al plantear los recursos constitucionales de los que hablan ante el Tribunal Constitucional hecho a la medida por el actual Gobierno, este organismo tenga en cuenta los derechos de todos los habitantes de Guayaquil, a vivir en paz.

¿Está el gobierno seccional de la ciudad en un callejón sin salida? No. Si los transportistas no quieren ordenarse e insisten por la fuerza imponer el caos en la ciudad; entonces, que vengan transportistas que sí quieren trabajar en servicio de los demás, de lo contrario estaríamos ante prácticas monopólicas de mercado, planteadas por un sector de empresarios de la transportación. Toca al Gobierno nacional preocuparse de que la ciudad a la cual dice querer tanto, que no quede desatendida.

Habla también el Gobierno central que la Comisión de Tránsito del Guayas debe ser reestructurada. Primero, querer reestructurarla para que acate sus decisiones en contra de Guayaquil, demuestra que reconoce su autonomía y no cabría que aplique por la fuerza y de manera ilegal resoluciones del Consejo Nacional de Tránsito, y segundo, cuestiona la integración de la CTG porque dice que no tiene miembros de toda la provincia sino solo de Guayaquil. Ante esto cabe hacer la misma observación al Consejo Nacional de Tránsito que no tiene realmente integración nacional: ¿van a reformar también su integración para que haya una representación provincial efectiva; y que a su vez en él estén representados los pasajeros?

No nos confundamos. No   es lucha de la gente pobre sino  de un grupo fuerte, como el de los empresarios del transporte, para lograr prebendas en desmedro de los usuarios, a quienes el Gobierno debe proteger.  Guayaquil no es la única ciudad que impide la entrada para no caotizar el tránsito urbano, pero sí es la única cuestionada. ¿Se trata de regionalismo?

María Elvira Malo Cordero,
abogada, Guayaquil

Ya ni sé quién tiene la razón, si el Alcalde o el Presidente en esta pelea por la circulación por el puente Mendoza Avilés, solo sé que como pasajeros andamos mareados porque trasladarnos en buses interprovinciales es un problema, y ojalá lo solucionen rápido, por favor.

Mariana Arboleda,
Durán