En el fragor de la batalla por llegar a la presidencia de la República se ofrecía rebajar  algunas cosas, entre estas el Impuesto al Valor Agregado, (IVA) en el 2%, porcentaje que representa alrededor de 400 millones de dólares sobre los ingresos del Estado.

En estos momentos, estando frente a la real y cruda realidad, se han dado cuenta de que esto es imposible realizarlo si esa cantidad de dinero no se reemplaza con otros ingresos, lo cual originaría desajustes al Estado y a diversas instituciones, por lo cual ya se han levantado voces de protesta, principalmente de municipalidades, con justísima razón.

Ante tal situación sería conveniente que se reconociera el error y dé marcha atrás por lo inconveniente de la medida y por las distorsiones que ocasiona, lo que está originando dolores de cabeza al Servicio de Rentas Internas (SRI), por las modificaciones de otras leyes que se pretenden efectuar y que están dando lugar a reclamos y controversias que pueden producir serias confrontaciones políticas y sociales dados los beneficios que han ocasionado.

Ejemplos de buen uso de recursos y progreso están a la vista en algunas ciudades y podrían seguirse dando en la medida que sigan fluyendo esos capitales, a la vez que generan fuentes de trabajo que tanto faltan en nuestro Ecuador. Medidas que se tratan de implementar son centralistas y de eso el país está cansado en estos momentos donde a diario se reclama por las autonomías.

Debe notarse que esa rebaja del 2% no gravitaría en mayor medida sobre quienes adquieren bienes o servicios económicos, como es la mayoría, pero sí sobre quienes adquieren costosos artículos como por ejemplo vehículos de lujo, celulares de última tecnología y muchos productos suntuarios exclusivistas.

 Tales productos sus usuarios sí pueden cubrirlos y tienen la obligación de pagarlos, cargándoles el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) respectivo, estableciéndose tarifas diferenciadas, así como eliminando de determinadas planillas, como en las telefónicas,  las categorías residenciales clasificadas como indispensables para la población, como las A y B.

Dicha medida sería entonces de absoluta justicia y beneficio, a la vez incentivaría al pueblo a contratar y gozar de un servicio catalogado como necesario; esto sí otorgaría réditos al Gobierno, si es eso lo que se busca y de recaudar más se trate.

Howard A. Pine L.,
ingeniero, Guayaquil