No es necesario reformar la constitución política para terminar con las tercerizadoras.

El evidente abuso del derecho de algunos “empresarios” en lo que tiene que ver con la ejecución de la relación de trabajo a través de las conocidas “tercerizadoras de servicios complementarios”, y de intermediación laboral, llevó al Gobierno a la necesidad de controlar el cumplimiento de la ley en esa materia, y las consecuentes y drásticas sanciones de la revocatoria de la autorización de funcionamiento para los casos de quiebra de la norma jurídica.

Pero es de destacar que la oferta de campaña del economista Rafael Correa no fue la de “controlar” sino la de “terminar con las tercerizadoras”, como fenómeno jurídico de nuestra realidad, por haberse convertido en un medio de explotación laboral, como afirmaba. Los hechos, en algunos o muchos casos lo ponen en evidencia lamentable. No es necesaria la reforma de la Constitución Política de la República para terminar con esta nueva expresión de vinculación jurídica, como se escucha por ahí decir, pretendiéndose vender la idea de que ese es un tema que debe resolverse en la Asamblea Constituyente.

No, porque la intermediación laboral y la “tercerización de servicios complementarios” no son prerrogativas que, como derechos fundamentales para vivir en sociedad hayan debido garantizarse a través del Código Político. Se trata ni más ni menos que de una ley que intentó sistematizar lo que estaba en una suerte de enredo y laberinto jurídico, por los distintos reglamentos expedidos mediante decretos, en gobiernos de facto, o constitucionales desde el año 1979.

La Ley Reformatoria al Código del Trabajo mediante la cual se regula la actividad de intermediación laboral y la de tercerización de servicios complementarios –así de extenso es el nombre– apareció publicada en el Registro Oficial 298 del 23 de junio del 2006. Siendo así  porque se trata de una ley, nada más se requiere de mayoría de votos en el Congreso para sacarla del catálogo de los estatutos jurídicos que rigen nuestra vida en comunidad.

Coherente con la oferta de campaña la iniciativa debe provenir del Presidente de la República, y más que antes, ahora, en circunstancias que la nueva correlación de fuerzas y de coyuntura política en el Parlamento bien hace pensar que no será arduo y menos fatigoso el trabajo de cumplir el ofrecimiento, sin convertir el tema en nueva cantinela para la Asamblea Constituye.

Milton Toral Zevallos,
doctor, Guayaquil

Un funcionario ha dicho que “el cementerio, junto a todos los elementos que lo integran, es patrimonio cultural, por lo que no se puede mover ni una brizna de polvo sin violar la ley” confundiendo lamentablemente en forma por demás bobalicona, la infraestructura del cementerio con los miles de restos humanos que allí se guardan.

Los restos descansan en un hermoso mausoleo que le hace entera justicia, pero no por ello pertenecen al Patrimonio Cultural, ni al cementerio, ni a la Beneficencia, ni a la Municipalidad, ni a la familia, realmente no pertenecen a nadie en particular, ni siquiera a sus dos nietos que aún viven en Panamá totalmente alejados de los sucesos de nuestro convivir nacional.

Esos restos forman parte del inmenso patrimonio espiritual de la nación ecuatoriana formado por territorio, su gente y sus obras (las ciudades, pueblos y monumentos, las creaciones artísticas y culturales y, sobre todo, por la memoria histórica que es propiedad de todos los ecuatorianos. Y si el señor presidente Correa llevado por un justísimo y elevado sentimiento los reclama para hacerles un homenaje nacional aún mayor del que ya reciben en nuestro cementerio, ¿por qué impedir que se realice este grandioso traslado que serviría para enaltecer aún más la figura del Viejo Luchador ante los ojos de América?

En otras épocas los restos de grandes figuras han salido del cementerio de Guayaquil que les dio amable acogida. Tras el peregrinaje desde París donde falleció, los restos de Montalvo pasaron de Guayaquil a Ambato en 1932 pero como el clero de esa ciudad pensó que era contrario a la religión exhibir su cadáver en el interior de la casa familiar donde le habían construido un catafalco, un padre confesor de la beata Carmen Inés Barona la obligó a escribir tres cartas privadas a “su esposo Jesusito” para que no permita que en esa casa de corrupción sea ofendido. Pero, dado el carácter político del asunto, los munícipes ambateños recurrieron al civilizado arzobispo Manuel María Pólit, quien autorizó al Vicario de Ambato para que firme la esquela oficial de invitación, superando el impasse.

En 1953 se trasladaron a Esmeraldas los restos de Vargas Torres fusilado en Cuenca en 1887 y traídos en 1896 al cementerio guayaquileño por sus hermanos Concha Torres. Nadie se opuso. Y finalizo contando otro caso: en 1918 se formó una comisión de prestantes guayaquileños para que viajen a Lima y traigan los restos del triunviro de Octubre, Rafael Ximena Larrabeitia.

Al abrirse el ataúd la Comisión encontró al esqueleto en actitud de empujar la tapa con brazos y piernas y sus vestiduras desgarradas. ¿Qué había sucedido? Ximena había fallecido una mañana, a consecuencia de la caída de un caballo. El golpe en la nuca le había dejado inconsciente y los vecinos lo enterraron creyendo que estaba muerto. Se despertó horas más tarde y murió por asfixia. Sus restos yacen en una artísitica urna de bronce en nuestro cementerio.

Rodolfo Pérez Pimentel,
cronista vitalicio de Guayaquil, Guayaquil