Mientras cientos de personas de la tercera edad se quejan por no ser tomados en cuenta para la ayuda estatal de $ 30, miles de mujeres en edad productiva se conforman con el bono y no buscan empleo.
Casa por casa. La encuesta será en el domicilio de los beneficiarios para hacerla más efectiva.
Cientos de mujeres de entre 19 y 30 años, casadas y con plena capacidad para trabajar, forman parte de los 1,2 millones de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, ayuda de $ 30 que el Estado entrega a las madres solteras o abandonadas, a personas de la tercera edad o discapacitadas.
Mientras, cientos de ancianos se quejan y hasta lloran en las afueras de los bancos, al no poder recibir ese dinero. Para corregir estas y otras inconsistencias, desde el martes se iniciará un censo que elaborará un mapa de la pobreza.
Este bono es en algunos casos en Ecuador el símbolo de la viveza criolla, representa el reparto equivocado y el desengaño para cientos de excluidos.
Es también un impulso a la desocupación para cientos de mujeres que bien pueden emplearse en diversos campos pero que prefieren no hacerlo, ya sea por temor a ser borradas de la lista de beneficiarios o por simple conformismo, especialmente desde que el presidente Rafael Correa decretó un incremento de $ 15 a $ 30, para cumplir su promesa electoral, lo que significa un egreso fiscal de $ 390 millones en el 2007.
Los beneficiarios, en algunos casos, tienen un nivel de vida más alto del registrado en su inscripción. Por eso el Ministerio de Bienestar Social aspira a corregir ese desfase con un censo, que el INEC ejecutará desde pasado mañana y que servirá para hacer un mapa de la pobreza.
En las largas y rutinarias filas que se forman en diversas poblaciones del país se evidencian los defectos del reparto. En Balzar, cantón del noroeste de Guayas, por ejemplo, la columna del miércoles 16 de mayo es de casi una cuadra desde la sucursal del Banco Pichincha. La mayoría la constituyen mujeres, casi la mitad menores de 30 años y en plena capacidad de emplearse en alguna actividad y no lo hace.
En ese grupo está Mirella Cevallos. Proviene del recinto el Congo, en la vía Balzar-El Empalme y es madre de un niño de dos años. Está casada con un agricultor que percibe un salario de $ 5 diarios. Ella cobra el bono desde hace un año y lo gasta en la de víveres y ropa.
Carmen Guerrero, de 30 años y madre de tres niños, y Rosa Sacio, de 26 años y con tres hijos, también tienen esposos que trabajan, pero perciben el bono como madres solteras. En sus hogares poseen televisor y cocina, no obstante la condición vigente de no poseer electrodomésticos para ser beneficiarias.
Las tres mujeres y otras decenas de jóvenes que forman columna dicen que no trabajan, porque de alguna forma los $ 30 “sirve de ayuda”.
Eso, en cambio, afecta al sector comercial y productivo del cantón, que dice carecer de mano de obra.
“En el país se necesita gente que trabaje, pero las mujeres que cobran el bono no lo hacen. Hay jóvenes que se hacen de marido, tienen un hijo y se inscriben diciendo que son madres solteras. Ya con esa plata no buscan trabajo, ahora mismo estoy sin cocinera”, refiere Miguel Gervasio, dueño del almacén Miguelito, uno de los más grandes de Balzar.
El comerciante reconoce que en algo aumentó las ventas por la duplicación de la ayuda estatal, pero ahora quienes se acercan a pedir empleo en el almacén son jóvenes de 15 a 18 años. El gerente de una sucursal bancaria que paga el bono en Guayas y pide reserva de su nombre considera que hay conformismo en las mujeres en edad productiva.
En el caso de Balzar cobran 10 mil personas. De estas, el 80% son mujeres menores de 50 años, el 15% de la tercera edad y el 5% de discapacitados, según las estadísticas de la entidad bancaria. Estos porcentajes son similares a los nacionales: 83% de madres, 1,6% de la tercera edad y 0,4% de discapacitados.
En Guayaquil, mientras juega naipe en la acera de la calle 43 y García Goyena, Letty Muñoz, de 38 años, cuenta que hace diez recibe el bono de desarrollo humano. Al principio por sus cuatro hijos pero ahora solo por dos, de 13 y 5 años. “Para mí es de una gran ayuda para comprar medicinas, cuadernos, porque yo no trabajo”, dice ella, junto a su vecino y compañero en el juego de cartas, Teodoro Ochoa, de 66 años, también inscrito.
El esposo de Letty, comerciante informal, mantiene los gastos de la casa que, por ejemplo, no incluyen el pago de energía eléctrica. “Vivimos a la orilla del estero Salado, aquí no se paga luz, se roba”, afirma.
Mercy Merchán, de 34 años, menciona que no puede trabajar. “Con quién voy a dejar a mis hijas”, se pregunta la mujer, que vive en una casa de madera en el bloque 16 de Bastión Popular. Su vivienda, aunque sin sala y con un pequeño comedor de plástico, tiene un televisor, una refrigeradora, un equipo de sonido y reproductor de películas. Sus hijas, de 6 y 4 años, estudian en escuelas particulares.
Rosita Vera, de 45 años, es la excepción. Ha montado una pequeña microempresa con el dinero estatal y confecciona ropa de bebé, en la cooperativa Esmeraldas Chiquito de las Malvinas, en Guayaquil. “No sé si lo recibo por madre soltera o porque cuido una nieta discapacitada”.
En San Plácido, parroquia rural de Portoviejo (Manabí), residen Mariné, quien es beneficiaria del bono pese a que posee un taxi y una vivienda de cemento armado.
Jueves 17 de mayo. En Bahía Río, centro comercial de Portoviejo, decenas de madres cobran el bono. Una de ellas es Dolores Zambrano, de 43 años, llega a cobrar acompañada de dos hijas. Vive en el recinto Las Losas, de San Plácido. Es madre de cinco hijos, cuatro mayores de edad que trabajan y estudian en la universidad. Solo una menor de 10 años está a cargo de ella y de su esposo, quien labora en la finca de su propiedad, con potreros para ganado y frutales.
“Usted venga los primeros días del mes y verá. Se parquean carros del año y ahí llegan mujeres perfumadas a cobrar el bono, que debe ser para los pobres. Yo vivo en casa arrendada pero no me dan, me llaman cada mes a ver si sale”, señala una mujer que pide se proteja su nombre.
Las mujeres del campo también han dejado de trabajar. Eso sucede en la parroquia Pasa, de Ambato. El presidente de la Junta Parroquial, Fabricio Velasteguí, dice que el bono es un perjuicio porque hay gente que solo espera que llegue la fecha para cobrar y no trabaja.
Igual sucede en Latacunga, donde algunas mujeres se dan formas para continuar como beneficiarias. Es el caso de Sonia Yasag, a quien hace dos años le quitaron el bono por tener un televisor. Entonces volvió a inscribirse pero regaló el aparato a su hermano.
Según estudios del BID, esta es la forma más efectiva de focalizar los subsidios, dice el sociólogo Rubén Aroca. Sin embargo, él cree que estos sistemas deben depurarse para que llegue a las familias que debe llegar. El sociólogo Gaitán Villavicencio señala que este tipo de ayuda estatal viene desde el siglo pasado en otros países. “Desgraciadamente tenemos un Estado tan demagógico y paternalista que da las cosas a cuentagotas, pero ese subsidio en lugar de tener una efectividad, por ser tan reducido se diluye”, afirma.
El 83% de beneficiarias del bono son madres menores de 50 años; la mitad tiene menos de 30 años y puede trabajar.