Quince días después de la Marcha de las Velas, el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) publicó un registro de las 2.200 boletas de libertad expedidas en la Corte Superior de Justicia de Guayaquil desde enero del 2005 hasta junio de ese año. Asimismo, en julio del 2006 el CNJ inició expedientes contra 17 jueces del Guayas tras realizar una auditoría a su trabajo.
Ambas acciones fueron exigencias de la Marcha de las Velas. Según Jaime Velasco, presidente de la Corte Suprema de Justicia, muchos de los jueces fueron sancionados.
Sin embargo, Víctor Hugo Castillo, quien estuvo a cargo de estos procesos, indicó que hasta que dejó su cargo como vocal del CNJ (en marzo pasado) la investigación a los jueces no avanzó más allá de los informes presentados en la auditoría. “Las sanciones fueron por otras causas y no por las irregularidades que se encontraron en la auditoría”, manifestó.
No obstante, para el ministro fiscal del Guayas, Jorge Blum, la marcha logró sensibilizar al sistema de justicia. “La ciudadanía nos hizo regresar la mirada a la víctima, obligándonos a emprender un proceso para darles un mejor servicio”, afirmó.
No obstante, admitió que el pedido de agilizar el trámite de los juicios tampoco se ha cumplido totalmente, por la falta de presupuestos que, dijo, impide contratar a más personal que pueda compartir “la carga de trabajo” de los fiscales.
“En Ecuador hay 370 agentes, cuando el número reglamentario es de 1.300. Pese a eso, desde el año pasado incrementamos en el 60% el número de audiencias preliminares efectuadas en relación con el 2005”, aseveró.
La ausencia de medios técnicos es otra de las necesidades de la Fiscalía, según Blum, quien se quejó de que incluso no tienen computadoras donde escribir los informes ni gasolina para realizar los peritajes.
