En septiembre del año pasado el ex presidente Alfredo Palacio designó $ 8 millones a la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS).
De este dinero, solo $ 2 millones se efectivizaron. Según Ricardo Arteaga, representante de la DNRS, el resto está mediante fideicomiso en el Banco Central y solo podrá usarse cuando se declare en emergencia al sistema carcelario.
“El porcentaje que recibimos lo invertimos en iniciar proyectos de rehabilitación que ahora están paralizados en espera de más recursos”, señala el funcionario. Entre los planes estancados están el mejoramiento del policlínico en la Penitenciaría del Litoral, la construcción de pabellones de máxima seguridad en Santo Domingo de los Colorados, entre otros.
Lo que más preocupa a Arteaga es que de los $ 32’400.000 que debería ser el presupuesto anual de la DNRS, el Estado solo asigna $ 11’200.000 fijos. Completar el resto depende del pago de impuestos por cheques protestados, dice.
“Es increíble que en este país un sistema de seguridad nacional como son las cárceles tenga que mantenerse a través de un delito”, asevera.
