Una acción concertada entre las tres funciones del Estado, así como un mejoramiento del sistema penitenciario y el fortalecimiento de la Policía Nacional serían las alternativas para lograr la disminución de la delincuencia, según el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jaime Velasco.

El 7 de junio del 2006, el magistrado recibió  el pliego de peticiones ciudadanas al final de la Marcha de las Velas.

Durante la manifestación se le pidió gestionar el incremento de penas para los delincuentes, ¿esto se cumplió?
No siempre la mejor solución es castigar a la delincuencia endureciendo las penas. A los humanos hay que rehabilitarlos.

Entonces, ¿cuál es el aporte concreto de la CSJ para mejorar la seguridad ciudadana?
Existen 11 mil detenidos sin sentencia. Esta falencia se produce por falta de jueces, bajo presupuesto y por las limitaciones que imprime el  Código de Procedimiento Penal  (CPP) en la emisión de resoluciones de juzgamiento. Ese cuerpo legal no permite agilizar las audiencias, ya sea por ausencia de testigos o de una  de las partes.

¿Cuáles han sido las acciones concretas que se tomaron?
Solicitamos a las cortes superiores del país que los jueces y tribunales resuelvan las causas que conocen, pero, insisto, el CPP dificulta la emisión de sentencias.

El mandatario Rafael Correa dijo que la impunidad es un ingrediente que abona a la inseguridad, ¿es cierto esto?
Es posible, aunque no podemos generalizar. La mayor parte de detenidos son por tráfico de estupefacientes, gran parte de ellos son extranjeros; por tanto, hay que conseguir la firma de convenios bilaterales para expatriar a quienes delinquieron a sus respectivos países.

Durante la marcha usted se comprometió a evaluar a los jueces para identificar a quienes liberaron a delincuentes de alta peligrosidad.
Lo hicimos en Guayaquil y muchos jueces fueron destituidos por el Consejo Nacional de la Judicatura.

También pidieron crear un tribunal académico para evaluar la idoneidad de los jueces.
Pedidos, pedidos (...) La evaluación debe estar a cargo de los Colegios de Abogados, que utilizan los servicios de justicia, ¿por qué tengo que hacerla yo?

¿Comparte el criterio del mandatario sobre la necesidad de reformar el sistema penitenciario?
Sí, yo he reclamado permanentemente una política de Estado por la justicia en la que participemos las tres funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa y Judicial, así como universidades y organizaciones no gubernamentales que se dedican a la labor de justicia.

¿Convendría que las cárceles pasen al Ministerio de Gobierno para mejorar su administración, tal como lo plantea el régimen de Correa?
Anteriormente ya estuvo en el Ministerio de Gobierno, en todo caso hay que hacer una evaluación a sus funciones para detectar las falencias y determinar si la Dirección Nacional de Rehabilitación Social cumple con sus funciones.

Parte de la responsabilidad por la mala administración de las cárceles reposa en la CSJ, que tiene un delegado en el Consejo Nacional de Rehabilitación Social (CNRS).
Es el delegado (Roberto Gómez) el que debe responder. Él como experto en la materia tiene amplias atribuciones para buscar alternativas para mejorar ese sistema. ¿Porque tenemos que responder por todo lo que no se hizo con anterioridad?

Jaime Velasco Dávila
Presidente de la CSJ
Guarandeño (Bolívar) de 63 años, con 36  de carrera judicial. Fue designado como presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en diciembre del 2005.

“No es conveniente incrementar las penas, el permanecer en esos centros de reclusión es un castigo suficiente”.