En referencia al proceso en marcha para la elección de asambleístas que elaborarán la Constitución, pero que será preparada por un grupo de iluminados seleccionados no por el pueblo, sino por otros iluminados dirigentes nacionales, hago estas reflexiones que deben llevar a repensar la opción de quienes tienen la responsabilidad de orientar a los ciudadanos y que están confiando ciegamente en este proceso como el que “rescatará” al Ecuador de la corrupción e ingobernabilidad.

Los problemas del país no son resultado de una mala Constitución sino de la legislación de leyes inconstitucionales y de que nadie ha pedido que sean derogadas, como por ejemplo, que el Tribunal Electoral sin ser parte del Poder Judicial tenga inconstitucionalmente la facultad de juzgar las infracciones a la Ley de Elecciones, facultad que constitucionalmente le corresponde al Poder Judicial. Si esa intromisión no se la ha visto como una falla terrible que le resta transparencia al proceso de elección democrático en nuestro país, ¿en qué forma una nueva Constitución corregiría esta falla, si todas las constituciones –que las hemos tenido en exceso– decían lo mismo acerca de los tres poderes del Estado?

Antes de meter al país una vez más en este proceso trillado de cambiar constituciones deberíamos asegurarnos de que exista orden constitucional, derogando artículos que son inconstitucionales.
José L. Tamariz Crespo,
Guayaquil

Se murmura que la Constituyente sería una estrategia para promover una dictadura; me parece raro que algo así se pueda pensar en Ecuador, cuando la democracia ha estado disfrazada por mucho tiempo, pues en el país el voto es “obligatorio”. ¿Eso es democracia?
Claro que no, porque sin papeleta de votación no eres nadie, no puedes hacer trámites, y sin este también hay trabas para conseguir un empleo. ¿No les parece que hemos estado viviendo en una dictadura de la partidocracia? Democracia significa también “libertad” de decisión al voto, como lo es en los países de Europa. La Constituyente es para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y en especial la de los desposeídos, darles mejores oportunidades de educación, salud, trabajo. Quizás el pueblo no ha leído todos los cambios que conllevará la Constituyente, por eso le aconsejo que deje el temor y no escuche oscuras voces de monigotes políticos. Seamos todos nosotros partícipes de las decisiones que se deben tomar.

Víctor Cárdenas Molina,
Leipzig, Alemania

Ante la intención de realizar reformas políticas mediante una Constituyente de plenos poderes, creemos imperativo declarar sin efecto los privilegios en entidades del sector público, reorganizar el IESS y el sistema judicial; permitir la acumulación de penas en delitos agravados, la cancelación de servidores que paralicen actividades ilegalmente o no cumplan sus funciones.

Además urge establecer sistemas electorales y de gobierno que generen estabilidad política y económica para propiciar la inversión, eligiendo Presidente de la República en calidad de Jefe del Estado que delega a un Jefe de Gobierno para ejecutar la administración. Otras reformas serían: voto voluntario (Presidente de la República y Parlamento), que desarticularía el clientelismo tradicional; el sufragio no debe ser obligación. Voto obligatorio a nivel seccional (provinciales y municipales). Un legislador distrital por cada 200 mil habitantes, sin perjuicio de la división política, no obstante un diputado mínimo por provincia, que además elige un senador sin considerar su población. Así, el Parlamento con solo 80 miembros se dividiría en dos cámaras: la Legislativa, para expedir y reformar leyes, y el Senado, que fiscalizaría los entes del Estado.

El Senado designaría de la terna presidencial en plazo perentorio un primer ministro ejecutivo de la administración durante periodo fijo, pudiendo ser reemplazado solo por causas puntuales; igualmente designaría a los funcionarios de control y más dignidades. El Presidente de la República, aunque no ejerza directamente el Gobierno, designaría con el primer ministro el gabinete, pudiendo removerlo total o parcialmente, conservando las atribuciones del artículo 171, numerales del 1 al 6; 8; del 10 al 16; del 19 al 22 de la Constitución.

Elección popular de gobernadores provinciales que ejercerían funciones del prefecto, y el Consejo integrado por

¿Qué opina de que el Cabildo local aprobó pedir el control del puerto de Guayaquil?

Es cierto que el Consejo Provincial y el Municipio de Guayaquil tomaron el liderazgo en  concesiones de carreteras, agua potable, alcantarillado, recolección de basura, puerto de aguas profundas; fundaciones para el aeropuerto, terminal terrestre y regeneración urbana; corporaciones para el Registro Civil, energía eléctrica y seguridad ciudadana... Gran avance político para la provincia y la ciudad.

Ahora es el Puerto de Guayaquil y entre algunos espacios las concesiones de servicios portuarios que hoy el Estado  había defendido por ser fuentes de ingresos fiscales, y que hoy el Municipio y antes las cámaras de producción han querido apoderarse. ¿Acaso no estamos ante una terrible concentración de actividad económica a cargo del Municipio? Ya tenemos ejemplos de fallas en algunos servicios por la falta de continuidad en la administración y control municipal; pero cada vez se aspira a más poder e incluso hasta en los parqueaderos. Seamos mesurados porque estos ejemplos traen cola, como el caso del Municipio de Quito que sigue avanzando con el nuevo aeropuerto y ahora pretende formar una empresa de aerolínea nacional, cuando existen terribles problemas dentro y en la periferia de Quito. Parece que se pretenden formar minigobiernos con minipresidentes en las dos principales provincias y urbes del país.

Jorge Morales Tobar,
economista Guayaquil

Si la Municipalidad de Guayaquil insiste en tomar la competencia de la APG  debería introducir una reforma en la Ley  del Consejo Nacional de Puertos, con la condición de que se hagan mejoras en la tramitación de la carga como en obras físicas, materiales y personales, de sus trabajadores activos y pasivos, o sea, sus jubilados patronales.
Juan Pólit Álvarez,
Guayaquil

Lo primero es reconocer que de llegar a la concesión de los puertos no es otra cosa que la consecuencia de una ineficiente administración que no ha podido obtener utilidades y reinvertirlas en el desarrollo del sector.

Lo segundo es que cada puerto se ha manejado independiente en la interrelación que debe haber entre comercio exterior, movimiento interno de insumos y facilidades portuarias del Ecuador, lo que se ha traducido en juego político de intereses de cada provincia y que los procesos de concesión no se han aplicado con óptica nacional. Que el Puerto de Aguas Profundas es la justa  respuesta privada de Guayaquil a avanzar en su desarrollo, frente a una infraestructura que resultará muy caro ponerla a la altura de las necesidades actuales y una administración producto de un marco legal obsoleto.

El marco constitucional que rige al transporte marítimo establece que este debe ser regulado por un ente autónomo civil y que los cobros por uso de las facilidades portuarias deben destinarse a infraestructura de los puertos y mantenimiento de órganos de control del transporte marítimo. El manejo del transporte marítimo y actividades conexas (puertos, entre otras) no ajusta a la ley. Quien rige el transporte marítimo ecuatoriano es el Consejo Nacional de Marina Mercante y Puertos (CNMM) y no cumple el artículo 252 de la Constitución, pues no es un ente autónomo, depende del Gobierno y la Armada. Esta es la causa principal de los problemas, pues todo se ha hecho con óptica de informes de la Dirección General de la Marina Mercante al CNMM.  Si se desea que la Subsecretaría de Puertos, Transporte Marítimo y Fluvial ejerza sus funciones, deben traspasarse los activos de la Digmer al Ministerio  de Transporte y que la Subsecretaría recaude y administre los recursos de modo autónomo.
Leonardo Castillo M.
Guayaquil