¿Qué opina de que el Cabildo local aprobó pedir el control del puerto de Guayaquil?

Es cierto que el Consejo Provincial y el Municipio de Guayaquil tomaron el liderazgo en  concesiones de carreteras, agua potable, alcantarillado, recolección de basura, puerto de aguas profundas; fundaciones para el aeropuerto, terminal terrestre y regeneración urbana; corporaciones para el Registro Civil, energía eléctrica y seguridad ciudadana... Gran avance político para la provincia y la ciudad.

Ahora es el Puerto de Guayaquil y entre algunos espacios las concesiones de servicios portuarios que hoy el Estado  había defendido por ser fuentes de ingresos fiscales, y que hoy el Municipio y antes las cámaras de producción han querido apoderarse. ¿Acaso no estamos ante una terrible concentración de actividad económica a cargo del Municipio? Ya tenemos ejemplos de fallas en algunos servicios por la falta de continuidad en la administración y control municipal; pero cada vez se aspira a más poder e incluso hasta en los parqueaderos. Seamos mesurados porque estos ejemplos traen cola, como el caso del Municipio de Quito que sigue avanzando con el nuevo aeropuerto y ahora pretende formar una empresa de aerolínea nacional, cuando existen terribles problemas dentro y en la periferia de Quito. Parece que se pretenden formar minigobiernos con minipresidentes en las dos principales provincias y urbes del país.

Jorge Morales Tobar,
economista Guayaquil

Si la Municipalidad de Guayaquil insiste en tomar la competencia de la APG  debería introducir una reforma en la Ley  del Consejo Nacional de Puertos, con la condición de que se hagan mejoras en la tramitación de la carga como en obras físicas, materiales y personales, de sus trabajadores activos y pasivos, o sea, sus jubilados patronales.
Juan Pólit Álvarez,
Guayaquil

Lo primero es reconocer que de llegar a la concesión de los puertos no es otra cosa que la consecuencia de una ineficiente administración que no ha podido obtener utilidades y reinvertirlas en el desarrollo del sector.

Lo segundo es que cada puerto se ha manejado independiente en la interrelación que debe haber entre comercio exterior, movimiento interno de insumos y facilidades portuarias del Ecuador, lo que se ha traducido en juego político de intereses de cada provincia y que los procesos de concesión no se han aplicado con óptica nacional. Que el Puerto de Aguas Profundas es la justa  respuesta privada de Guayaquil a avanzar en su desarrollo, frente a una infraestructura que resultará muy caro ponerla a la altura de las necesidades actuales y una administración producto de un marco legal obsoleto.

El marco constitucional que rige al transporte marítimo establece que este debe ser regulado por un ente autónomo civil y que los cobros por uso de las facilidades portuarias deben destinarse a infraestructura de los puertos y mantenimiento de órganos de control del transporte marítimo. El manejo del transporte marítimo y actividades conexas (puertos, entre otras) no ajusta a la ley. Quien rige el transporte marítimo ecuatoriano es el Consejo Nacional de Marina Mercante y Puertos (CNMM) y no cumple el artículo 252 de la Constitución, pues no es un ente autónomo, depende del Gobierno y la Armada. Esta es la causa principal de los problemas, pues todo se ha hecho con óptica de informes de la Dirección General de la Marina Mercante al CNMM.  Si se desea que la Subsecretaría de Puertos, Transporte Marítimo y Fluvial ejerza sus funciones, deben traspasarse los activos de la Digmer al Ministerio  de Transporte y que la Subsecretaría recaude y administre los recursos de modo autónomo.
Leonardo Castillo M.
Guayaquil