Los sospechosos en un caso de compra de votos en el pequeño pueblo de Shibushi, al oeste de Japón, fueron sometidos a repetidos interrogatorios y, en varios casos, a meses de arresto antes de ser enjuiciados. La policía le ordenó a una mujer que gritara su confesión por una ventana y obligó a un hombre a pisotear los nombres de sus seres queridos.
En total, trece hombres y mujeres, de edades que varían de poco más de 50 años hasta los 75, fueron arrestados y acusados.
Finalmente, seis confesaron su participación en un complicado esquema de compra de votos con licor, dinero en efectivo y fiestas con servicio de banquetes.
Durante el juicio, uno de los hombres falleció —a causa del estrés, dijeron los otros— y otro trató de quitarse la vida.
Todos fueron absueltos este año en un tribunal de distrito local, que dictaminó que sus confesiones habían sido completamente inventadas. El juez que presidió el caso dijo que los acusados habían “confesado por desesperación mientras se les sometía a interrogatorios maratónicos”.
Durante mucho tiempo, las autoridades japonesas han dependido de las confesiones para llevar a sospechosos al tribunal, en lugar de armar casos basados en evidencia incontrovertible. Los grupos de derechos humanos han criticado la práctica por conducir a abusos de debido proceso y encontrar culpables a personas inocentes.
“En Japón, las confesiones tradicionalmente han sido conocidas como las reinas de la evidencia”, señaló Kenzo Akiyama, abogado y ex juez. “Aún si el acusado no ha hecho nada, las autoridades buscarán una confesión a través de la tortura psicológica, especialmente si se trata de un caso muy publicitado”.
En meses recientes, las revelaciones sobre el caso de fraude electoral, y varios otros, han mostrado precisamente qué tan lejos irán las autoridades para asegurar las confesiones.
Sigue sin conocerse qué propició la investigación, en 2003, en torno a la campaña de un político, Shinichi Nakayama, quien fue electo por primera vez a la asamblea local ese año, tras derrotar al protegido de un hombre influyente.
Para empezar, la policía acusó a Sachio Kawabata —cuya esposa, Junko, es prima del asambleísta— de dar cartones de cerveza a una compañía constructora a cambio de votos. Kawabata dijo que había dado la cerveza porque la compañía había enviado huéspedes a una posada de su propiedad.
Pronto se encontró sufriendo casi quince horas de interrogatorio al día.
Encerrado en un pequeño cuarto con un inspector que le gritaba y lo amenazaba, se negó a confesar.
Así que el tercer día, recordó Kawabata, el inspector garabateó los nombres de los miembros de su familia en tres pedazos de papel. Agregó mensajes —“abuelo, por favor apúrate y conviértete en un abuelo honesto”, y “no recuerdo haberte educado para ser esta clase de persona”— y le dijo a Kawabata que se arrepintiera.
Al no extraer una confesión después de una hora, el inspector tomó a Kawabata por los tobillos y lo hizo pisotear los pedazos de papel.
“Me quedé conmocionado”, expresó Kawabata, de 61 a ños, quien tuvo que permanecer hospitalizado dos semanas a causa del estrés del interrogatorio. “Pensé, ¿hasta dónde llegará la oolicía?”.
Kawabata, quien no fue acusado, ganó una indemnización de cinco mil dólares por angustia mental. Resultó que pisotear los pedazos de papel tenía sus raíces en una práctica local feudal de desenmascarar a sospechosos de ser cristianos al obligarlos a pisar una cruz.
La policía inventó una descripción de sucesos, según los cuales el asambleísta gastó 17 mil dólares para comprar votos con shochu, popular licor destilado, y obsequios de dinero en efectivo.
Una de las primeras en confesar fue Ichiko Fujimoto, de 53 años, ex empleada del asambleísta.
“Fue porque decían: ‘Confiesa, sólo confiesa’”, declaró Fujimoto. “No escuchaban nada de lo que les decía”.
Una mujer, Eiko Hamano, de 65 años, confesó después que la policía amenazó con arrestarla a menos que cooperara.
“Dijeron que mi nieto sería intimidado en la escuela, que mi hijo sería despedido de su compañía, que toda mi familia sufriría para siempre”, recordó.
Tomeko Nagayama, de 77 años y jefa de la oficina de correos del pueblo, pasó 186 días tras las rejas. La ex profesora no consideró confesar. “Preferiría morir”, dijo.
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