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Expresión y buen nombre |
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El Tribunal Constitucional español ha manifestado que los personajes públicos “deben soportar un cierto mayor riesgo de lesión en sus derechos de la personalidad que las personas privadas, en cuanto que su vida y conducta moral participan del interés general con una mayor intensidad”. Por supuesto que esto no implica que el hombre público deba sacrificar su derecho al honor o a su imagen, pues el desempeño del cargo no lo hace distinto de cualquier otro ciudadano para efectos de repeler una injuria, pero los personajes públicos, insisto, están expuestos a que sus derechos fundamentales resulten afectados por opiniones o informaciones que interesan –en teoría– a toda la población.
El comentario viene a cuento por la denuncia que el presidente Correa ha presentado contra el diario La Hora por una opinión editorial que considera excesiva y que falta a la verdad, denuncia que tendrá que seguir su curso aunque el supuesto agresor acepte la retractación que sugería la Secretaria de Comunicación del Gobierno, pues no se trata de una acción privada sino de una pública.
Tratando de ser ecuánime, debo decir que la pasividad que demostró la Policía cuando se produjeron los hechos vandálicos de conocimiento público, dio para pensar que el Ministerio de Gobierno no actuaba como debía, y yo mismo hice un comentario recordando al titular de esa Cartera –como persona vinculada en el pasado a la defensa de los derechos humanos– que la Corte Interamericana ha sostenido en varios fallos que la imputabilidad del Estado por no proteger las libertades y derechos ciudadanos no se limita a la actuación directa de sus funcionarios o agentes, sino que incluye “la falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos” aunque no esté probado que los autores actuaron por cuenta o interés del Estado.
El que analizo es un caso especial en el que han entrado en conflicto dos derechos constitucionales fundamentales: por un lado el derecho a la libertad de opinión y de expresión del pensamiento contenido en párrafo 9 del artículo 23 de la Constitución, que tiene el periodista que escribió el editorial, y por otro lado el derecho a la honra y a la buena reputación expresado en el párrafo 8 del mismo artículo, que tiene el Presidente como cualquier otro ciudadano. Ambos derechos exigen a su vez, uno y otro, un estricto cumplimiento.
Si desde el Poder se demanda el respeto de sus derechos, no es menos exigible que ese mismo Poder cumpla con su obligación de amparar a los ciudadanos, sobre todo, en un área tan importante y sensible como la de los derechos humanos que tiene componentes éticos, políticos y jurídicos inseparables.
Hay que defender, con firmeza, el derecho a la información y trabajar en el robustecimiento de una opinión periodística responsable y absolutamente libre de cualquier atadura, sin olvidar que quien informa u opina tiene el deber de contrastar razonable y honestamente su verdad con la realidad. Esa es la situación. |
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| Thomas L. Friedman |
Opinión Internacional | |
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