Sin atención médica, 29 embarazadas viven expuestas a los peligros de la cárcel.
Se aferra con sus manitos al pecho de su madre. Va cerrando sus ojos, pero los gritos de las internas interrumpen sus sueños. Su madre, Nathaly, intenta calmar al bebé, de un mes de nacido, paseándolo en sus brazos de un lado al otro en el estrecho espacio de su celda.
Es el mediodía del martes pasado y ni los ventiladores logran ahuyentar el calor y olor de la basura acumulada en la cárcel de Mujeres de Guayaquil, donde desde muy temprano fue Ricardo, esposo de Nathaly.
Con documentos en mano, el hombre esperaba a que lleguen los miembros de la Policía que efectivizarían la orden de arresto domiciliario para su cónyuge. El pedido de este beneficio –indica– fue presentado hace nueve meses, cuando Nathaly fue detenida por robo, pese a estar embarazada.
“La Corte de Justicia aprobó el arresto domiciliario a los cinco meses (de embarazo), pero la Policía rechazó tres veces las casas que propusimos para que este se cumpla porque supuestamente no tenía las seguridades. Así, todo se fue retrasando”, señala Ricardo, quien dice que ha gastado en trámites más de $ 3 mil, más el pago al abogado.
Para Nathaly el costo más grande ha sido las preocupaciones y los peligros a los que estuvo expuesta durante su embarazo, como el incidente que sufrió cuando tenía dos meses de gestación. “Una presa me botó al piso. Luego, me pateó en el vientre. Estuve sangrando durante casi un mes hasta que me llevaron al hospital y el niño se salvó de milagro. Ahora, solo quiero salir de aquí”, señala.
Nathaly tuvo que esperar hasta el siguiente día para abandonar la cárcel, donde regresará después de dos meses, el único tiempo después del parto del que podrá beneficiarse. La burocracia legal no le permitió acogerse al beneficio, y ahora solo podrá acceder a los dos meses que le queda por el periodo de lactancia.
María Luisa Espinoza, directora de ese centro de rehabilitación, informa que Nathaly es la única interna que ha solicitado arresto domiciliario de las 29 embarazadas que están detenidas en ese lugar. La mayoría de ellas –dice– aún no ha recibido su sentencia.
Aunque la ley indica que quienes no han sido juzgadas podrían acogerse al arresto domiciliario, según Espinoza las internas no realizan el trámite “porque toma mucho tiempo y dinero”. La funcionaria afirma que, ante la falta de infraestructura y un ginecólogo en el policlínico de la cárcel, se conceden permisos a las embarazadas para ir a los hospitales públicos a realizarse los chequeos. “También vienen las brigadas médicas del Municipio, la Gobernación y Aprofe”, agrega.
Pero para las internas el problema es mucho más grande. “En casi nueve meses de gestación no he recibido ninguna vacuna. Cuando tenía siete, me hicieron el primer eco porque tenía fuertes dolores en el vientre y recién ahí supe que mi hijo será varón”, asegura Graciela, quien tiene cuatro años detenida por narcotráfico.
“Para salir a hacerte un chequeo tienes que pagar hasta la gasolina del carro del guía que te llevará”, la interrumpe una de sus compañeras, quien tiene cinco meses de embarazo y que no ha sido sentenciada.
“Toda una noche esperé con los dolores de parto y solo me llevaron a dar a luz a la maternidad ya cuando estaba sangrando”, relata otra interna. La mujer, –quien lleva dos meses en la Penitenciaría acusada de robo,– indica que desde que nació su pequeña (en marzo pasado) sus compañeras de la cárcel le cedieron una cama. “Antes dormía sobre una colchoneta en el piso”, recuerda.
Código Penal
El artículo 58 del Código Penal señala que “Ninguna mujer embarazada podrá ser privada de su libertad ni será notificada con sentencia que le imponga penas de prisión o reclusión, sino 90 días después del parto”.
Procedimiento Penal
Según el artículo 171 del Código de Procedimiento Penal, cualquiera que fuere el delito, la prisión preventiva será sustituida por el arresto domiciliario en los casos en que el acusado sea una persona mayor de 65 años de edad o que esté embarazada.
Ediciones Anteriores
