El presidente de Petroecuador y el vicepresidente de Petroproducción, Carlos Pareja y Óscar Garzón, respectivamente, acudieron ayer a las fiscalías de Sucumbíos y El Coca. La intención: pedir a los fiscales que aceleren los procesos que se iniciaron por robo de cables y equipos de la estatal.

“No puede ser que desde el 2003 hasta mayo del 2007 no exista ni un solo sancionado”, exclamó ayer Pareja.

Según los abogados de la empresa, en ese lapso se han presentado 500 denuncias en el Distrito Amazónico (comprende las provincias de Sucumbíos, Orellana y Napo).

Ninguna de ellas, según Pareja, ha derivado en sanciones y tampoco se ha identificado a los responsables.

Aunque Eduardo Mármol, uno de seis profesionales dedicados a la defensa de Petroecuador, aseguró lo contrario.

No recuerda un número de responsables, pero sí que el castigo mayor ha sido la prisión por un año y medio.

En términos generales, cuenta, los procesos llegan hasta la fase de la fianza; ahí es cuando la defensa de los responsables paga la multa impuesta y el juez los deja en libertad. Las demandas más comunes se presentan por delitos de robo de cables, de equipos, hurtos y toma de campos.