Refiérome al artículo ‘El Alcalde marinero’ del señor Emilio Palacio.
Aunque resulte extraño puede el columnista oponerse a la descentralización de Autoridad Portuaria de Guayaquil y a que la Municipalidad de su ciudad administre el Puerto Marítimo y construya una verdadera ciudad puerto que genere bienestar y empleo. Pero no debe hacerlo con afirmaciones absolutamente falsas en su fondo y en su forma. Eso no lo puedo permitir.

Descalifica nuestra gestión pretendiendo ignorar que en el campo de la educación la Administración que presido entrega textos gratuitos, dota de computadoras e interviene en la reparación integral respecto de todas las escuelas fiscales del cantón, sirviendo a más de 200.000 niños. Atendemos y medicamos gratuitamente a cientos de miles de personas pobres cada año, a través de hospitales del día, clínicas móviles, dispensarios y el Programa de Aseguramiento Popular. ¿No es esto mejor que el asumir, en esas materias y sin beneficio de inventario, las competencias que, por la altísima desproporción entre el gasto laboral y la inversión social con que las maneja el Estado, significaría la quiebra de la Municipalidad de Guayaquil con la ausencia o merma de servicios y obras que prestamos y hacemos a todos los ciudadanos –especialmente a los pobres– en todos los ámbitos que implica la administración de una ciudad?

En alcantarillado pluvial, todas las grandes vías que hemos construido incluyen enormes ductos pagados por nosotros que han contribuido decididamente a resolver el problema de inundaciones. Hemos asumido el alcantarillado sanitario, a nuestro costo, para 165.000 personas pobres en la parroquia Tarqui popular y en la regeneración urbana en todos los sectores de la ciudad. Y esto siendo aquello obligación de Ecapag, cuya competencia estamos dispuestos a asumir siempre y cuando el Gobierno Nacional ponga su parte, pues por mandato constitucional, no existe transferencia de competencias sin transferencia de dinero.

En el aspecto portuario es público y notorio que la concesión del Puerto Marítimo de Guayaquil, la única exitosa tras varios fracasos continuos, fue impulsada por la Municipalidad y otros sectores representativos de la ciudad. Igualmente, cuando la licitación estaba a punto de ser declarada desierta y convertirse en un nuevo fracaso para Guayaquil, exigimos un cambio de actitud que culminó con el otorgamiento de la concesión. Esa concesión será absolutamente respetada en la transferencia y asunción de las competencias que hemos demandado.

Por supuesto, también hemos impulsado que inversionistas extranjeros hagan realidad un anhelo permanente de los guayaquileños: la construcción del puerto de aguas profundas de Guayaquil, en Posorja. Una inversión que expresamente admite competencia privada y pública, y que en sus dos etapas ascenderá a 450 millones de dólares absolutamente financiados por inversionistas privados, sin ningún riesgo del Estado.

La complementariedad de los puertos, su disposición técnica para captar nuevos mercados y negocios y hasta su relativa competencia son indispensables para el crecimiento económico y la generación de empleo en Guayaquil y el país.

Desde el punto de vista legal la transferencia de las competencias de Autoridad Portuaria de Guayaquil a la Municipalidad, de acuerdo al art. 226 de la Constitución y otras normas, no es solo procedente legalmente sino obligatoria, pues no está incluida entre aquellas que se reservan al Estado Central. Aquella disposición que reducía el ámbito municipal a los puertos fluviales está derogada por la Constitución vigente desde el 10 de agosto de 1998, a la que ninguna ley puede oponerse y peor si es inferior y anterior.

Además, la Autoridad Portuaria de Guayaquil, de acuerdo al art. 2, letra ch, del Erjafe, es parte de la Función Ejecutiva y parte del Estado ecuatoriano y absolutamente descentralizable cuando la Municipalidad lo demande.

Por otro lado, no hay que confundir el tema de la jurisdicción con el del territorio. El puerto y todas las instalaciones y construcciones a que se refiere la competencia demandada están en territorio del cantón Guayaquil y el mar es solo el campo de operación de los buques.
Por último, cabe anotar que el pedido de transferencia es total, es decir que abarca no solo el compromiso actual de la Autoridad Portuaria de Guayaquil de dragar el canal de acceso hasta la profundidad convenida, sino un compromiso adicional de profundizar dicho canal hasta donde sea necesario. Lo indicado no a costa del Estado, sino de los usuarios nacionales y extranjeros que utilicen dicha facilidad.

De los nuevos cánones e ingresos que provengan de las nuevas concesiones e inversiones para convertir a Guayaquil en ciudad puerto, el 50% será reinvertido en ese objetivo y el 50% restante corresponderá al Estado Central, que hoy nada recibe directamente de Autoridad Portuaria de Guayaquil.

La ignorancia de la ley no excusa a persona alguna. Irse en contra de la verdad, tampoco. En términos marineros espero que Emilio Palacio tenga solo un transitorio “mareo de tierra” pues no puedo presumir su mala fe.

Muy comedidamente solicito a usted, señor Director, la urgente publicación de esta nota aclaratoria dada la actualidad y trascendencia del tema.

Jaime Nebot
Alcalde de Guayaquil