La Universidad Católica aportará con docentes, aulas y materiales.

En mayo entrará en ejecución el proyecto que aspira a capacitar a 200 policías comunitarios en temas relacionados con la seguridad ciudadana.

Las clases se impartirán tras la firma del convenio que suscribió la semana pasada el Ministerio de Gobierno a través de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, la Agencia de Desarrollo Provincial de Imbabura (Adepi) y la Universidad Católica de Ibarra.

Aún no existe un presupuesto definido, según el ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, pero en su primera etapa las clases las impartirán diez docentes de la Universidad Católica.

Su rector, Santiago Acosta, se comprometió a colaborar con la dotación de aulas y equipos audiovisuales.

La enseñanza se concentrará en la provincia de Imbabura, Tulcán y Esmeraldas, donde tiene extensión la Universidad Católica. Sin embargo, la meta es ampliar la cobertura a todo el país cuando existan los recursos necesarios.

El pénsum académico incluye materias de liderazgo, desarrollo comunitario y seguridad ciudadana. El tema central de la instrucción estará enfocado a “la gestión del desarrollo local como forma de integración de los organismos de seguridad a la población rural”.

Amílcar Tapia, director de la Escuela de Comunicación Social de este centro superior, dijo que el presupuesto destinado para el proyecto asciende a unos 30.000 dólares.

El proyecto persigue además la creación de juntas de protección ciudadana, integradas por líderes comunitarios de las parroquias y cantones.

El objetivo será implementar planes de control y vigilancia, definidos en asambleas con la comunidad. Luego se procederá a la capacitación de la Policía Nacional, sobre todo a los uniformados al frente de las áreas rurales y comunitarias.

El subsecretario de Seguridad, Jorge Villarruel, señaló que el convenio “no se quedará solo en papeles, sino que se lo va a cristalizar con la ayuda de la comunidad”. 

Explicó que el proyecto permitirá que los policías y la comunidad se sienten juntos en la misma aula, para identificar los problemas de inseguridad.

La idea –dijo– es que luego del análisis se elabore un cronograma de actividades que debe ser cumplido por los actores involucrados en la firma.

Villarruel expresó que la política social que implanta el gobierno de Rafael Correa se integra en la política preventiva del delito. Según la autoridad, “el mejoramiento ostensible del bienestar social en los campos de salud, educación, empleo y vivienda, es la mejor política de prevención del delito”.

En tanto, el ministro Larrea indicó que aspira a fortalecer las diferentes unidades de Policía con la participación de la comunidad en las tareas de seguridad. “Las autoridades de las alcaldías, jefaturas políticas y parroquiales deben sumarse a estos planes”, expresó.