El Ejecutivo niega que exista persecución política en contra de los   legisladores destituidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y luego restituidos por el Tribunal Constitucional (TC), varios de los cuales se trasladaron hacia Colombia.

Es más, el ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, reconoció ayer que la situación legal que se ha generado  en torno a ellos  no le conviene al régimen.

“Consideramos que es un error la excitativa fiscal en contra de los diputados... pero debemos aclarar que no tenemos el poder de decirle a la Fiscalía haga de tal manera las cosas”, sostuvo al descartar que el Gobierno haya ejercido influencias para que el Ministerio Público inicie acciones penales.