Rafael Correa, afirmó que los diputados cesados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) "siguen destituidos", pese a la decisión adoptada este lunes por el Tribunal Constitucional (TC) de devolverles sus cargos.

En declaraciones a medios de la ciudad de Machala, en la provincia de El Oro, donde se encuentra, Correa se mostró "estupefacto" por la decisión del TC de devolver sus escaños a estos diputados, cesados por "interferir" en el proceso de la consulta popular en que se aprobó el 15 de abril una Asamblea Constituyente promovida por el propio jefe del Estado.

El TC "intenta por todos los medios boicotear" la Asamblea, que es "expresión del mandato popular", dijo el gobernante, que recordó que la ciudadanía dio un "siete a uno categórico" a favor de la Constituyente, aprobada con un 81,72 por ciento de votos favorables en la consulta popular.

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Para Correa, "el Tribunal Constitucional ha pactado de la forma más vergonzosa con los diputados destituidos", de partidos de derecha opuestos al gobierno, y pretende, con su decisión, boicotear la Constituyente, pues "precisamente es una de las instituciones que tiene que reformar la Asamblea".

La resolución del TC es, en opinión de Correa, "una nueva jugarreta de la partidocracia", los partidos tradicionales a los que responsabiliza de los males de Ecuador, en especial del Partido Social Cristiano (PSC), al que relacionó con los vocales del Constitucional, que "está totalmente politizado".

También indicó que los integrantes del TC están "desesperados, porque, aparentemente, el Congreso Nacional lo reestructurará porque está en funciones prorrogadas", con su período legal finalizado, algo que no admiten los vocales del organismo.

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El TC, según su presidente, Santiago Velásquez, decidió hoy restituir en sus cargos a esos diputados al considerar que su destitución fue "absolutamente inconstitucional", ya que el TSE no es competente para destituir a los legisladores que, además, no tuvieron derecho a la defensa.

Por ese motivo, según Velásquez, el Constitucional aceptó un recurso de amparo interpuesto en favor de los destituidos ante un juez de la provincia de Manabí, que lo remitió al TC.