Un trabajo de investigación del programa ‘La Televisión’ ha revelado en  dos semanas lo que era un secreto a voces: el tráfico y esclavitud de  niños de las comunidades andinas más pobres del país en las calles de  grandes ciudades de toda América Latina.

El trabajo periodístico fue más allá de la caridad o el lugar común de la “explotación infantil” para revelar que hay una red  delincuencial que se aprovecha de la miseria.

Los reportajes de los últimos dos domingos en ‘La Televisión’  desencadenaron   (¡por fin!) la acción de la justicia y también sacó lo  peor de ella: dos fiscales, una de Pichincha y otra de Tungurahua,  disputándose el caso.

La última, además, amenaza a los reporteros que  descubrieron el caso por no haber “pedido autorización” para divulgar  los reportajes.

Por supuesto, las leyes protegen el secreto de las investigaciones  fiscales y los periodistas están obligados a respetarlo. Pero otra cosa inaudita e inaceptable es que exista una  autoridad de justicia que pretenda supervisar cuál investigación  periodística se debe emitir y cuál no.

Aparte,  uno se pregunta, ¿por qué los noticieros de  otros canales no hacen seguimiento a la investigación, aportan más  datos y dan más contundencia? ¿Por qué en la misma Ecuavisa no se  retoma el tema en los noticieros en vez de dedicar tiempo a   cámaras escondidas en musculosos prostitutos? ¿Acaso los niños  esclavos no es un tema lo suficientemente importante?  ¿Acaso la sociedad se vuelve tan insensible que a nadie le importa un  tema así?