Entidades preparan informes sobre los temas conflictivos del archipiélago.

Acciones concretas, recursos económicos y decisión política. Estos tres aspectos solicitan los dirigentes gremiales y autoridades de Galápagos para que tenga éxito la declaratoria de esta provincia como zona de riesgo por parte del régimen del presidente  Rafael Correa.

El decreto en mención señala varios aspectos en los que el Instituto Nacional Galápagos (Ingala), presidido por el gobernador Galo Herrera, debe concentrar su trabajo. Estos tienen que ver con el exagerado crecimiento poblacional, la introducción de especies ajenas al medio, sobreexplotación pesquera y  cruce de competencias entre instituciones.

Pero algunos de estos temas tienen adelantados estudios, ya se ejecutaron o no se cumplen por falta de dinero, a decir de funcionarios involucrados. Así, Correa dispuso  un censo que permitirá conocer el número real de habitantes para determinar una posible expulsión de quienes residen en situación irregular.

No obstante, el censo ya se realizó en diciembre pasado y actualmente el INEC tabula los datos. Se prevé que en unos dos meses los presente al Ingala, ente planificador de políticas de desarrollo en la región.

“El problema es de gobernabilidad.   El Estado impone las reglas y si no hace bien las cosas, entonces nos echan la culpa”, señaló el director de la Cámara de Turismo de Galápagos (Capturgal), Óscar Aguirre.

Su comentario responde al cuestionamiento por el aumento de turismo, que en el 2006 registró 145.000 visitantes, con el consiguiente incremento de rutas  aéreas y marítimas.

Aguirre tiene esperanzas de que el decreto se refleje en  voluntad para adoptar medidas de protección del patrimonio.

Igual aspiración manifestó la Estación Charles Darwin, entidad que desarrolla programas de investigación, pues mediante un comunicado saludó el decreto. En el Parque Nacional Galápagos (PNG), su director (e), Víctor Carrión, anunció que están listos para entregar los estudios sobre los temas conflictivos, aunque aclaró que esperan directrices del Ministerio de Ambiente.