La aerolínea española Air Madrid, que en diciembre pasado dejó en tierra a miles de viajeros, vendió billetes hasta la tarde del día 15 de ese mes, a sabiendas de la amenaza de pérdida inminente de la licencia que le habían comunicado las autoridades aeronáuticas.

Así lo reconoció hoy ante el juez el presidente de la aerolínea, José Luis Carrillo, quien compareció en la Audiencia Nacional, alto tribunal encargado de delitos económicos.

Según fuentes jurídicas, Carrillo, acusado junto con otros tres directivos de un presunto delito de estafa y fraude contra los consumidores, considera que la conducta de los responsables de la compañía fue "absolutamente irreprochable".

En la misma jornada del 15 de diciembre, Air Madrid anunció su cierre y dejó en tierra a miles de viajeros latinoamericanos, inmigrantes en España, que se disponían a cruzar el Atlántico para pasar las fiestas de fin de año en sus países.

Denuncias

Air Madrid, que había iniciado operaciones en mayo de 2004, era investigada por las autoridades aeronáuticas en vista de que en sus treinta meses de funcionamiento acumuló decenas de denuncias por irregularidades, deficiencias de seguridad y prolongados retrasos.

El cierre de Air Madrid se produjo cuatro días después de que la Dirección General de Aviación Civil le comunicara la posible suspensión de licencias de vuelo por incumplir un plan para mejorar las deficiencias detectadas.

En la comparecencia judicial de hoy, por la presunta venta de billetes para volar pese a que los vuelos no se iban a realizar, declararon también la directora del departamento de Ventas, Silvia Avelar, y el director del departamento de Gestión, Juan Barjau.

La declaración del adjunto a la presidencia de Air Madrid, Julio Miguel Martínez, ha sido pospuesta para el próximo día 27.

Carrillo admitió ante el juez que conocía el requerimiento de las autoridades para corregir las deficiencias, bajo "la amenaza" de ver suspendida la licencia, aunque aseguró que confiaba en que la compañía estaba cumpliendo todos los requisitos, por lo que seguía con su actividad comercial normal.

Tanto el presidente como Avelar y Barjau insistieron en sus declaraciones en que, pese al expediente sancionador, siempre se les transmitió una sensación de normalidad y tranquilidad, porque cualquier problema que pudiera haber, se solventaría.

No obstante, según las fuentes judiciales, los tres incurrieron en varias contradicciones, entre otras, respecto a la gestión interna para avisar a los pasajeros.

Los imputados podrían enfrentarse a la pena de cárcel que se aplica en casos de delito de estafa y fraude contra los consumidores, indicó la fuente.