Los 57 legisladores destituidos por bloquear la consulta para una Constituyente fueron rehabilitados este miércoles por el presidente del Congreso, Jorge Cevallos, apoyado en el fallo del juez Juan Ramírez Massuh.

El juez 15º de lo Penal del Guayas, Juan Ramírez, aceptó ayer el recurso de amparo constitucional interpuesto la semana pasada por José Zurita Marcial, quien impugnó la resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

De acuerdo al titular legislativo, el artículo 95 de la Constitución establece que ninguna autoridad puede desacatar un pronunciamiento de un juez. "Yo no puedo instalar una sesión cuando existe un amparo concedido a los diputados y eso es lo que he hecho, cumplir con la Ley", sostuvo luego de levantar sorpresivamente la sesión de hoy, alegando falta de quórum.

"Hay un informe de la asesoría jurídica del Congreso que me dice que debo acatar el amparo dado por el juez y por lo tanto no se instala la sesión", resaltó Cevallos, quien salió del recinto escoltado por la Policía ante la airada reacción de las fuerzas oficialistas.

Los legisladores pro asambleístas continúan reunidos en la sala de sesiones del Congreso.

Varios de los diputados destituidos, cobijados por el fallo, intentaron sin éxito ingresar esta mañana en el recinto, pero fueron impedidos por la Policía, la que redobló la vigilancia para impedir disturbios con manifestantes que respaldan la consulta convocada por el gobierno de Rafael Correa para el 15 de abril.

El 7 de marzo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendió a 57 de los 100 legisladores en medio de una larga pugna de poderes que también involucra al Ejecutivo, el Congreso y el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, un juez acogió el martes un recurso de amparo que dejó sin efecto la sentencia del TSE, restituyendo el fuero parlamentario a los diputados, medida que será apelada.

Una fuente del máximo organismo del sufragio anunció a la AFP que apelará la resolución y anticipó que el organismo podría retirar de sus funciones al juez, como lo ha hecho con otros funcionarios que han intentando bloquear la consulta.