Miércoles 28 de marzo del 2007 Sucesos

Habitantes exigen el funcionamiento de una fiscalía y juzgados penales

Viajar a Guayaquil o a Santa Elena para presentar una denuncia en la Fiscalía es una de las causas que provoca que el perjudicado desista de seguir un proceso legal.

Jorge Palacios, jefe político del cantón, señala que la labor de la Policía se ve limitada porque no hay una fiscalía ni juzgados donde se pueda denunciar y legalizar una detención. Por esta razón, Tania Muñoz, Vicente Garzón, Inés Moreno, entre otros, no denunciaron los atracos a sus negocios.

El 27 de octubre pasado, el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) aprobó la creación de un juzgado de competencias múltiples en esta localidad, que está incluido en el presupuesto del 2007. Sin embargo, aún no se le da trámite.

Los representantes del Municipio, Junta Cívica y el movimiento popular 5 de Julio, que impulsaron este proyecto, desconocen los motivos de la demora de esta obra.

Mientras, en Posorja se construyen un retén policial y las oficinas de la Tenencia Política.

La obra se ha iniciado con el apoyo de la empresa privada y la Gobernación, según Ana Banchón Quinde, tenienta política de la zona.

El dirigente Eduardo Rodríguez y el comerciante Gabriel Coello aseguran que desde que se aumentó el personal de la Policía en diciembre, los delitos han bajado.

Posorja tiene once policías, dos patrulleros y dos motos.

En las comunas de Engabao, Data de Villamil, El Morro, Puerto el Morro y otros recintos, la gente se autoprotege.

El jefe del retén de Policía, Lenín Montenegro, manifiesta que, como se trata de poblaciones pequeñas, toda la gente se conoce, y cuando observan a un desconocido en actitud sospechosa avisan a la Policía para su detención inmediata.
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