A propósito de provincializaciones, en estos últimos años se ha hablado mucho de autonomías, descentralización y desconcentración. Incluso hay un título en las disposiciones transitorias de la actual Carta Magna sobre el asunto.

Además, el numeral 20 del art. 23 de la Constitución política dice que el Estado reconoce y garantiza a las personas “el derecho a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, recreación, vivienda, vestido y otros servicios sociales necesarios”.

Si la autonomía se aplica a un cantón, dicho régimen debe aplicarse a todos los cantones. Y si se permite privilegios, debería ser  para  los que menos tienen.

Resulta que precisamente los sectores más pobres no se han beneficiado con estos preceptos constitucionales y esa es una de las razones de la emigración por falta de trabajo, agua, vivienda.
Si un cantón tiene autonomía, todos los demás deberían tenerla.

El Gobierno Nacional debe elaborar el plan de descentralización y desconcentración, tal como lo dice la ley fundamental.

Gilberto Ramos Lozano
ingeniero industrial, Guayaquil