El ministro fiscal de El Oro, Carlos Vera Chávez, emitió ayer un dictamen acusatorio en contra de tres ex policías que participaron en la desaparición de 367.542 dólares que reposaban en las bodegas de la PJ de esa provincia como evidencia dentro del caso Cabrera.

El fiscal, además, absuelve en su dictamen a la ex cúpula de esa provincia.

El presidente de la Corte de Justicia de Machala, Germán Carrión Fares, estima que en unos 30 días resolverá el llamamiento a juicio.

Luego de que se comprobó la ausencia del dinero, la Fiscalía inició una investigación, en la que solicitó una orden de prisión para el ex comandante de la Policía de El Oro, Washington Barclay;  el ex jefe de la Policía Judicial, Pablo Hernán Páez; el ex jefe de la Policía de Tránsito, Víctor Espinoza Mena y el ex subjefe de la PJ, Carlos Peñafiel.

Los otros uniformados que también fueron imputados fueron Osman Córdova Pinza, encargado de las llaves de las bodegas de la PJ; y el ayudante de la bodega, Lenin Hidalgo Bustamante; además de los policías que realizaban guardia la noche cuando se presume que se perdió el dinero: Fernando González Berrezueta, José Miguel Lúa y Patricio Gusqui.

Son justamente los tres últimos implicados, sobre quienes el dictamen de la fiscalía indica que existen méritos suficientes para acusarlos como autores del delito de robo.

El informe acusatorio, de unas 40 fojas aproximadamente,  fue entregado a la Presidencia de la Corte de Machala para el autollamamiento a juicio en contra de los imputados.

En el documento se explica además que contra los coroneles Barclay, Páez y Espinoza, el capitán Peñafiel, el sargento Córdova y el policía Bustamante no se determinó una participación directa en el delito, por lo que el Fiscal se abstuvo de acusarlos y los absolvió.

El presidente de la Corte de Justicia de Machala, Germán Carrión Fares, espera que en unos 30 días se resuelva el llamamiento a juicio.

Aseguró que está buscando la forma jurídica de devolver el dinero recuperado, de manos de los policías, a los cientos de perjudicados.

El 8 de noviembre del 2006, cuando tenía que cumplirse el conteo de la suma que estaba en las bodegas de la Policía Judicial  para ser enviado al Banco Central en Guayaquil, el perito de la Fiscalía abrió el cartón donde se guardó el dinero, pero se encontraron papeles y ropa usada.