Un peritaje dispuesto por el 5º Tribunal Penal del Guayas determinó que el ex presidente del Banco del Progreso, Fernando Aspiazu, debe pagar a la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), por concepto de daños y perjuicios, un monto de $ 888'622.877 dólares.
La cifra equivale a más del doble de la fijada el 21 de diciembre del 2004, en sentencia ejecutoriada por la misma instancia, y para el cálculo se tomaron en cuenta los intereses vigentes hasta el 28 de febrero del 2007.
En ese entonces, se determinó un pago de $ 442,2 millones como resultado de un juicio de peculado iniciado por Carlos Arboleda Heredia, quien fue gerente de la AGD en el 2004.
El nuevo monto surgió tras una revisión efectuada por Carlos Montañez, perito contable avalado por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), quien se basó en las regulaciones de la Junta Monetaria del Banco Central, que establecen tomar en cuenta para los cálculos las tasas de interés vigentes, a fin de determinar los valores legales por pagar.
En ese sentido, el peritaje se efectuó desde la fecha de la sentencia, diciembre del 2004 hasta el pasado 28 de febrero, lo que elevó en más de la mitad la cifra anterior.
Al respecto, la defensa de Aspiazu, patrocinada por Francisco Ycaza Navas, informó que no ha sido notificada del hecho.
Sin embargo, anticipó que un perito no puede cambiar una sentencia ya ejecutoriada y que se impugnará "cualquier liquidación que violente la resolución y que pretenda establecer una suerte de sentencia paralela a lo que ya es cosa juzgada", expresó Ycaza.
El abogado mencionó que Aspiazu está en todo su derecho a exigir a la AGD una rendición de cuentas sobre el manejo que se ha dado a los bienes y activos del Banco del Progreso, incluyendo los de la Empresa Eléctrica del Ecuador (hoy Categ), los cuales deberían generar recursos a la Agencia.
"Desde ya debo suponer que está motivado (el peritaje) por cobrar honorarios con relación a la cuantía", aseveró.
El Banco del Progreso está en manos de la Agencia de Garantía de Depósitos desde 1999, y está en saneamiento.
8 de marzo de 1999
El Banco del Progreso dejó de atender al público desde esa fecha. Tenía 700 mil clientes y su cierre provocó una grave crisis financiera y política.
29 de agosto del 2002
El 5º Tribunal Penal del Guayas impuso una condena de ocho años de prisión a Fernando Aspiazu por el delito de peculado. El pasado 20 de diciembre se le otorgó la libertad.
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