¿Es partidario de poner el puerto de Guayaquil en manos de un concesionario?
Soy partidario de hacerlo. Como funcionario  estoy sujeto a cumplir con la Ley de Modernización, la cual dispone que las terminales nacionales que estaban en control del Estado abran sus puertos a la participación e iniciativa privada. Este es un camino que no tiene retroceso.

Y si están como gobierno de acuerdo con impulsar la concesión, ¿por qué se pone en duda el actual proceso?
Bueno,  es lógico pensar que una vez que se hace la evaluación de un proceso siempre van a surgir las voces que discrepan y voces que lo apoyan. Esa es la actual situación. Dentro de las voces que discrepan está la Comisión Especial que formó el Consejo Nacional de Marina Mercante. En las  voces a favor están representantes de las Cámaras. Nosotros como jueces tenemos que analizar los argumentos.

Usted participó en el directorio de la APG cuando se inició el proceso. ¿Observó anomalías?
Participé en la fase inicial. Fui el representante del Ministerio de Economía entre mayo del 2005 y el 2006. Me designó el ahora presidente Rafael Correa. Yo participé en la elaboración de la normativa para la precalificación y estuve hasta que se aprobó. Hasta que yo estuve no se registró ninguna anomalía.

¿Cuáles serían las causas de que el proceso se declare desierto?
Haber omitido leyes, procedimientos, ‘preferitismo’ o prácticas tendientes al  monopolio.

¿El Gobierno sospecha de alguno  de esos puntos?
Como gobierno no. Algunos elementos que han participado en la revisión nos han manifestado esa sospecha, de ‘preferitismo’, de evitar que algunos concursantes puedan tener facilidades para continuar su participación.

En caso de que se declare desierto el proceso, ¿cuál es el plan B que tiene el Gobierno?
Si se declara desierto puede ser por dos razones: que la oferta de Ictsi no cumpla en lo técnico y económico, y  la  otra  causal es el tema de que hubiera ilegalidades. Si se trata de irregularidades o de omisiones, corregir aquello, y una vez corregidas las bases lanzar una nueva licitación en la cual puedan participar las empresas ya precalificadas.

Convocar a un nuevo proceso demanda un largo periodo.
Nosotros tenemos una línea límite para concesionar el puerto el 30 de junio de este año.

¿Habrá nuevas bases ante un eventual proceso? 
Eso dependerá del Consejo Nacional de la Marina Mercante, que en definitiva impidió la participación de los concesionarios que ya están en  terminales nacionales.

El alcalde Jaime Nebot ha dado a entender que si fracasa el proceso podría pedir la competencia. ¿Es factible aquello?
El Municipio ha pedido competencia del Registro Civil para sacarlo de manos estatales y pasarlo a manos privadas, pedir la competencia del puerto de Guayaquil es hacer lo contrario, porque  hoy está en manos privadas. Inclusive hay personas muy conocidas que pertenecen a la línea política del alcalde que están en el Concejo Municipal y que tienen intereses, como el ingeniero Luis Trujillo.

¿Por qué menciona a Luis Trujillo?
Él es accionista de la empresa Transagent, que opera en el puerto, así como muchas personas en la ciudad tienen intereses y acciones que prestan servicios aquí.