El Servicio de Rentas Internas (SRI) inició acciones legales para evitar el pago de $ 23 millones a tres herederos de José Nuques, quien en 1967 habría sufrido el embargo de un ingenio azucarero y de tres haciendas, por parte de la  Jefatura de Recaudaciones y Rentas de los Ríos (ahora SRI).

Ese pago había sido acordado en un acta de mediación suscrita el 9 de enero pasado por el entonces director del SRI, Alberto Cárdenas y los tres herederos, Julio Nuques, José Nuques y Elena Nuques, por concepto de los daños y perjuicios por la supuesta coactiva.

En el acta de mediación, el SRI acuerda cancelar $ 23 millones a los tres herederos, en lugar de los $ 43 millones por daños y perjuicios que había establecido un peritaje efectuado en el 2003. Sin embargo, la actual administración del SRI se opone al pago.

Su principal argumento es que no existen documentos que demuestren que en efecto se llevó a cabo el embargo. En cambio, sí hay pruebas de que en la década del setenta las propiedades fueron intervenidas por el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (Ierac), ahora INDA, en el proceso de reforma agraria.

Por esa razón, el SRI estaría obligado a reconocer daños y perjuicios por un proceso que nunca llevó a cabo y que sería responsabilidad del INDA.

La interrogante de la actual administración del SRI es por qué el ex director nacional jurídico de la entidad, Antonio Egas Terán, y el entonces director del SRI, Alberto Cárdenas, ignoraron ese y más antecedentes legales que dejaron sin efecto el acta de mediación, entre ellos la nulidad del peritaje.

El acta contó con el informe favorable del procurador subrogante, Sócrates Vera. El SRI ha presentado, en el Juzgado Duodécimo  de lo Civil de Pichincha, excepciones para evitar el pago. Uno de ellos es que el juicio que los herederos establecieron contra el SRI aún no ha sido suspendido.

Esa era una de las condiciones que constan en el acta de mediación. Entre tanto, la Fiscalía de Pichincha presentó una demanda de nulidad contra el acta de mediación. La demanda se entabló contra el SRI, los tres herederos y la Procuraduría.