Los pobres se van a trabajar lejos de su patria. Esto sucede en países ricos y pobres, puesto que existen más pobres y más ricos en todas las naciones.

El “control” de la migración es un derecho que todo gobierno tiene para proteger los puestos ocupacionales de sus conciudadanos.

El panorama se da en todos lados: ecuatorianos, españoles, franceses, italianos, suizos, alemanes, ingleses, etcétera, se van a trabajar a donde paguen mejor, y lo hacen laborando en encomiendas de menor calidad a sus preparaciones; lo mismo hacen los latinos en los países europeos.

Los controles migratorios son políticas de Estado bajo leyes especialmente preparadas, a fin de detener la ola migratoria. En el caso de la aerolínea de bandera española Air Madrid cabe la duda que no se jugó limpio, quizás no se trató de una decisión estrictamente técnica contra la compañía aérea por desobedecer los reglamentos de la Dirección de Aviación española y castigar esas anomalías. Si bien es cierto que se conocía de sus irregularidades, no es menos cierto que cobraba menos que las otras aerolíneas y que la gente pobre trabajadora que se trasladaba en esa compañía quería precios bajos, aunque debía soportar algunas molestias. La competencia de Air Madrid se vio afectada en la demanda de boletos y bien pudo ser que presionaron a las autoridades españolas para sacar de la competencia a la empresa de precios bajos. O bien pudo ser que se trató de dejar fuera a 40 mil inmigrantes de un solo tajo, para que no puedan retornar a España, conociendo que viajan con permisos provisionales. Si esto fuera real constituiría un acto criminal que bajo una cortina de humo se elimine a tanto inmigrante.

La pregunta es: si conocían de los problemas de la compañía Air Madrid, ¿por qué no la cerraron dos o tres meses antes y esperaron la temporada alta de pasajeros, o por qué no lo hicieron posteriormente cuando no afectaría a personas inocentes? Sea lo que haya sido, las pérdidas son cuantiosas.
Franklin Lituma Manzo,
abogado, Guayaquil
 
Burlados por Air Madrid, cientos de ecuatorianos pudieron finalmente regresar a España, luego de haber permanecido desde diciembre en Ecuador y muchos haber perdido sus puestos de trabajo en ese país.

Lo injusto es que el Gobierno ecuatoriano haya tenido que afrontar los gastos causados por una empresa extranjera, que con el pretexto de insolvencia cerró sus operaciones con lo que se perjudicó a miles de viajeros.
Exigimos sanción.
Carlos Prado,
Guayaquil