Cincuenta y ocho empleados fueron separados de la telefónica Andinatel como resultado de las denuncias hechas por trabajadores de la institución y el diputado Carlos González (ID). Los acusaron de abuso del contrato colectivo al pedir indemnizaciones por cargos que son de libre remoción.

Ayer, César Cisneros, presidente del directorio de la empresa, recalcó que ninguno tendrá indemnización. En caso de que alguno lo requiera ante la justicia, se demostrará –dijo– que hubo intención mal sana.

Cisneros sostuvo que, durante la anterior administración, sí hubo firma de contratos en forma excesiva. Citó como ejemplo a diciembre: se suscribieron 66 por un monto de 21’441.000 dólares entre adquisición de software, hardware, servicios, mantenimiento y otros.

Además, precisó, cuatro contratos se concretaron en enero por 664.926 dólares, a pesar de la disposición del Fondo de Solidaridad de no hacerlo.

Para corroborar la duda que existe sobre la cantidad de contratos suscritos, exhibió un acta donde se registraron de forma manual dichos montos; al cotejarla con los datos que constan en un sistema informático, la información no coincidió. Hay tres contratos que no tienen precio; Cisneros recalcó que todo en Andinatel está en proceso de investigación.

El directorio de Andinatel analiza, también, los cargos de 42 personas y de los trabajadores tercerizados. El 1 de noviembre pasado hubo ingreso de nuevo personal.

El ejecutivo aseguró, entre tanto, que todos los trabajadores de la empresa reciben salarios menores a los $ 4.000 mensuales, incluido él.

Debido a las denuncias, manifestó Cisneros, el directorio aún no analiza los planes de inversión de la institución.