La caoba se extingue en el Oriente, con permiso oficial

Durante el segundo semestre del 2006 y las primeras dos semanas del 2007, la explotación de caoba en la selva de Pastaza se dio en forma masiva. Incluso, entre agosto y octubre se usaron helicópteros para la extracción de esa madera, considerada por el convenio internacional Cites como especie en extinción.

La tala, en algunos casos, se dio con la autorización del Ministerio de Ambiente. Los reclamos de indígenas shuar y ONG motivaron a que se decrete una veda.

2.518 m³ de caoba
autorizó talar el Ministerio de Ambiente, en el segundo semestre del 2006, en los sectores de Uyuimi, Tahuancar y Uwihint, en Pastaza. 

3.000 Tablones
están acumulados en la selva, luego que los madereros talaron cerca de 2.500 árboles de caoba, especie en extinción en Ecuador.

Con permisos oficiales o aprovechando la falta de control estatal, comerciantes madereros talan la caoba al sur de Pastaza, pese a que está  en peligro de extinción. En la zona hay miles de trozas acumuladas.

En la tupida selva hay un claro de casi una hectárea. Es un espacio arrasado donde se divisan troncos destrozados. Ahí están más de una decena de cúmulos de tablones o piezas de madera de caoba, que acá se conoce como ahuano. Es una madera fina, dura, costosa y, sobre todo, en peligro de extinción, pues consta en el Apéndice II del convenio Cites, acuerdo internacional que impone reglas especiales a la explotación y comercialización de especies animales y vegetales en riesgo de desaparecer.

El área de selva arrasada está en territorio de los indígenas shuar. Es parte de la comunidad Tahuancar, al sureste de Pastaza. Su acceso es posible tras caminar, al menos seis horas, desde el km 70 de la vía Puyo-Macas por trochas lodosas donde las piernas se hunden casi medio metro.

Aquella llaga abierta en la selva no es la única. Son decenas. Se extienden como plaga en cientos de hectáreas de las comunidades de Tahuancar y Uyuimi. La explotación maderera se produjo durante todo el año pasado pero se intensificó desde  el segundo semestre.

Una parte se efectuó con la propia autorización del Ministerio de Ambiente, que aprobó la tala de 136 hectáreas para la extracción de 2.518 m³ de caoba, el equivalente a 250 árboles de décadas de existencia. Pero la tala ilegal triplica y hasta cuadriplica esas cifras.

Hace un año, los madereros desbrozaron la selva en una especie de ruta de 25 metros de ancho por casi 10 kilómetros de largo para colocar funiculares (especie de teleférico) y transportar las piezas o tablones de 3,50 m de largo por 26 cm de ancho y 12 cm de alto. Como el proceso era lento, optaron por alquilar helicópteros.

Hasta octubre, una nave del Ejército sirvió para esta tarea. Según un involucrado en la tala, la contratista fue Mónica García. El alquiler estuvo cerca de los $ 2.000 la hora.

A mediados de diciembre, la extracción de piezas se hacía en un helicóptero particular que tuvo un accidente. Esa madera era de Richard Tapia, uno de los compradores y proveedor de la empresa Indumad, de Guayaquil. El percance puso al descubierto la depredación que se estaba dando en la zona y las organizaciones ecologistas e indígenas shuar protestaron.

En Zhumitayu y otras comunidades del sur de Pastaza, los indígenas y colonos se quejan no solo por la tala sino por los precios bajos que pagan los madereros, $ 2 por pieza. En Guayaquil esta tiene un costo de $ 30, y $ 40 en Colombia. Al exportar a Estados Unidos, el metro cúbico (unas 11 piezas) vale $ 1.600, o sea alrededor de $ 155 por pieza.

La Asociación shuar Kakan Tayu y la comunidad Zhumitayu decidieron prohibir la tala de caoba en la zona, pero el Distrito Forestal Napo-Pastaza del Ministerio de Ambiente otorgó, por gestión de los madereros, los permisos de tala a cinco propietarios de la zona.

“Es una destrucción total. Arrasan no solo con la caoba sino con el cedro y otros árboles. Los madereros se aprovechan de la necesidad de los compañeros shuar y el Ministerio de Ambiente no hace nada”, dice Felipe Wampash, shamán shuar que compró 2.500 hectáreas de selva para evitar el acceso de los comerciantes de madera.

Otros indígenas y mestizos de la zona dan más nombres de madereros. Además de Richard Tapia, operan Mario Pazmiño, de Quito, y Félix Montoya, colombiano.

“Estos calientan la mano con dólar a los de medio ambiente y hacen lo que quieren”, refiere la shuar Eugenia Vargas. Hasta el pasado viernes, unas 3.000 piezas estaban listas para sacar de Uyuimi y Tahuancar mientras, presionada por las quejas, la ministra de Ambiente, Ana Albán, decretó, con fecha 8 de enero, una veda indefinida a la explotación de la caoba y el cedro.

Quienes talan caoba sin permisos la llevan a Colombia. Los camiones toman por Lago Agrio la vía a Tulcán y de El Carmelo acceden al vecino país por la Victoria. En Ipiales, ciudad vecina a Tulcán, hay al menos una decena de depósitos del producto. Un shuar que pide no citar su nombre asegura que el ahuano lo ponen en medio de otras maderas y pasa sin problemas.

Volier Torres, director forestal de Napo-Pastaza del Ministerio de Ambiente, afirma que las licencias cumplían el plan de aprovechamiento sustentable, que se exige porque la caoba está en extinción, pero reconoce la tala ilegal. “Lamentablemente no podemos tener un inspector en cada sector. La mayoría de los ilegales sorprende a la gente diciendo que tiene permisos y no los tiene. En Napo y Pastaza hay poco personal (unas ocho personas) y es difícil controlar”, menciona el funcionario.