Hasta noviembre pasado, Pacifictel hizo pagos a la operadora móvil Telecsa por la adquisición de terminales (teléfonos) con los que vende su producto inalámbrico Activo. Esos montos se depositan en un fideicomiso creado cuando firmó un contrato con Telecsa con el fin de que esta le permita usar su red para dar el servicio, y le dote de los equipos.

Ayer, Julio García, vicepresidente de Desarrollo de Telecsa, confirmó que Pacifictel “de manera unilateral ha tomado algunas medidas” que están fuera del marco contractual.

Según él, las autoridades del Fondo de Solidaridad (FS), ahora posesionadas, plantearon que ambas partes (Telecsa y Pacifictel), “encuentren la forma de sentarse y definir cómo suspender dicho acuerdo”. Pero eso (la suspensión) no ocurrió, sino que Pacifictel dejó de pagar.

El pedido del FS obedece a que el contrato tiene cuestionamientos y una investigación en la Fiscalía por supuestas irregularidades.

Pero Jacinto Velásquez, asesor legal externo de Telecsa, explicó que el contrato es de carácter privado y que por tanto, “no puede decir el FS suspéndase, porque al acatarlo una de las partes comete incumplimiento de contrato”.

Señaló que ante hechos como este, el Código Civil permite iniciar un juicio para demandar el cumplimiento del contrato, o uno por incumplimiento. Telecsa ha hecho requerimientos a Pacifictel por esto, sin obtener respuesta.