Sugiero reflexionar sobre la opción de una Constituyente de plenos poderes.
Al tener la capacidad de deponer y nombrar autoridades, y de dictar leyes, se le da también a los constituyentes la capacidad de negociar puestos públicos, gestionar obras, obtener recursos para sus provincias y cantones; distorsionando el objetivo principal, que es elaborar una Constitución que mejore el país pensando en el futuro, y no en el presente inmediato. Estaríamos convirtiendo la Asamblea en un nuevo Congreso, con el descrédito que eso significa.

La posibilidad de ser un asambleísta de plenos poderes despertará la ambición de los politiqueros y sinvergüenzas de siempre, quienes van a utilizar todos sus recursos (monetarios y logísticos) para obtener un puesto en tan poderoso ente, con grandes posibilidades de obtener réditos económicos una vez elegidos.

En la otra orilla, una Constituyente limitada solo a la redacción de una nueva Constitución, sin la capacidad de deponer autoridades mientras no concluya y sea aprobada la nueva Constitución; no será atractiva para esos corruptos personajes, y es probable que quienes se candidaticen tengan más puras intenciones, pues saben que su labor es exclusivamente redactora y no entrará en vigencia hasta el momento que cesen sus funciones de asambleístas. Las negociaciones, la gestión de recursos para sus localidades, son el trabajo sucio y desgastante ante la opinión pública que se debe dejar al actual Congreso, para concentrar a la Asamblea en el futuro del país a través de su nueva carta política.

Darle poderes inmediatos a los asambleístas será garantizar el fracaso de la Constituyente. La mejor opción es una asamblea que exclusivamente redacte una nueva Constitución con reglas claras, y solo pueda deponer congresos, cortes o presidentes mediante transitorias o referéndum; que entre en efecto cuando sea aprobada la nueva Constitución, de modo que los asambleístas no puedan usufructuar de sus propias decisiones.

Luis Eduardo Velasco Marín
Santo Domingo de los Colorados

Los cambios que deben darse en la nueva Constituyente son que el voto sea voluntario; que las FF.AA. no tengan derecho a este; reducir el número de diputados o lograr la bicameralidad; reducir el poder del Congreso liberando del yugo político a los organismos de control.

También habría que dar una nueva categoría al TSE (Tribunal Supremo Electoral) y al TC (Tribunal Constitucional); que las elecciones sean unipersonales y por distritos; rebajar el número de partidos y movimientos políticos; definir un nuevo rol para las FF.AA., eliminando su injerencia en la política y sus actividades empresariales usando dinero del Estado; desechar el sindicalismo y los contratos colectivos del sector público, como también su estatuto de sociedades anónimas para evitar latisueldos; abolir el Banco Central; y eliminar el candado a la Constitución. ¡Que no se repitan las trampas de la Constituyente de Sangolquí!

Sergio Eguiguren
Guayaquil

Hace poco tiempo muchos ecuatorianos insistían en “todos fuera”, en relación a los políticos y politiqueros  en actividad. Ahora que ha sido elegido un nuevo Congreso ya casi no se escuchan las mismas voces, pese a que las nuevas elecciones fueron realizadas en el mismo esquema de siempre, bajo el régimen de la autoridad y ambiente de la llamada partidocracia.

A los diputados electos no se les escuchan proyectos o programas para el mejoramiento del país, sino fuerte defensa por la dignidad que van a ocupar, como si dicha función fuera una prebenda o un derecho. El haber salido electos para una dignidad popular no representa un privilegio ni derecho, sino un deber que deberán cumplir como servidores públicos. En consideración de esto, de ninguna manera el Congreso va a efectuar los cambios que el país requiere. Será la Asamblea, cuyos integrantes resulten electos en forma democrática, quienes deberán realizar los cambios que el país reclama.

Ing. Gilberto Ramos Lozano
Guayaqui