Las demandas internacionales planteadas en el exterior por las estadounidenses Occidental (Oxy), Machala Power y Chevron-Texaco ejercen presión sobre la Procuraduría General del Estado.

El caso con mayor complicación es el de Oxy. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), comentó uno de los funcionarios de la institución, le puso al país un ultimátum para la designación de su representante dentro del Tribunal Arbitral que analizará el caso. Los abogados de la Procuraduría tratan de amortiguarlo hasta la posesión de Rafael Correa.

Según la fuente, el Centro notificó al país con los nombres de las dos personas que posiblemente completarán el Tribunal: la profesora suiza Brigite Stern, quien asumiría la representación del Ecuador (ante la negativa del país a nombrar su árbitro), y el profesional Ives Fortier, que estará en la presidencia.

Para ganar tiempo, la Procuraduría argumentará que ambos profesionales no hablan español. Con ello, espera retrasar al menos dos semanas la integración del Tribunal.

El segundo caso que inquieta a la Procuraduría es la controversia con Chevron-Texaco; la petrolera acusa al país de haber exportado, a precio de mercado, el crudo que recibió por su porcentaje de participación en el contrato. La demanda llega a $ 700 millones. Este caso se tramita bajo las reglas de Uncitral (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional).

Y el tercer caso es la demanda de Machala Power. El 26 de enero se cumple el plazo que tiene la empresa para responder a los argumentos que presentó el Estado; el 23 de febrero, en el Ciadi, se discutirá sobre la competencia o no del Centro para tratar el caso.

La compañía demanda $ 267 millones, incluidos indemnización e intereses, porque el Estado no le ha pagado por la energía que le vendió.